A Alfredo Alexander y su esposa, Martha Dupleich, los mataron un domingo de 1969 con una bomba que les estalló al abrir un paquete envuelto como un simpático obsequio, cuando aún estaban en cama. Alexander fue fundador y director de los diarios Ultima Hora y Hoy, de La Paz.
El crimen ocurrió bajo el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, que nacionalizó la Gulf y construyó la primera fundición de minerales. El asesinato conmovió al país por su crueldad, la posición de las víctimas en la sociedad y los móviles aparentes en el contexto político de entonces.
Ése es el caso de impunidad más antiguo de nuestra historia moderna. Y parece marcar una constante de impunidad en las agresiones contra la libertad de expresión. El último asesinato de un periodista data de 2008, cuando Carlos Quispe fue golpeado por una turba que asaltó los estudios de radio Municipal de Pucarani, en medio de una pelea por el control de la Alcaldía de ese pueblo.
El último intento de asesinato violento es el cometido contra Fernando Vidal, director de radio Popular, de Yacuiba, y la radialista Karen Anze. Han pasado 43 años desde el asesinato de los Alexander y nada se esclareció. Como van las cosas, todo hace suponer que ocurrirá lo mismo con los otros.
Lo mismo que con las denuncias de agresiones verbales y físicas a medios y periodistas. Ningún caso se ha castigado. En algunos incluso conociendo la identidad de los autores, como en el atentado contra un canal de televisión en Yacuiba, hace cuatro años. El tema viene a cuento hoy con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra la Impunidad.
Porque ocurre que la impunidad en la que quedan crímenes y agresiones contra medios y periodistas es común a toda Latinoamérica. Un informe de la Red Mundial para la Libre Expresión (IFEX) revela que desde 1992 fueron asesinados 148 periodistas en las Américas. De ese total, 92 crímenes siguen sin castigo.
“Los periodistas latinoamericanos, dice ese informe, se ven enfrentados no sólo a la violencia derivada de conflictos armados, disturbios internos, delincuencia común y el narcotráfico. También se exponen a nuevas formas de censura, muchas veces de manera más sutil, acompañada de agresiones de baja intensidad, que dificultan el quehacer periodístico”.
En ese contexto, que comprende regímenes políticos de diferente ideología y distintas facetas de impunidad frente a la libertad de expresión, Bolivia aparece por primera vez en 30 años, desde la recuperación de la democracia, en una encrucijada difícil que somete otra vez a dura prueba principios y valores fundamentales para esa democracia.
En tiempos de aparente legitimidad democrática, los afanes de judicializar las libertades de opinión y de expresión, la estigmatización de medios y periodistas como enemigos de un determinado proceso político o la amenaza solapada son, sin duda, elementos que alientan a una impunidad.
No por aquello de mal de muchos consuelo de tontos, el análisis del informe revela también que la agresión a la libertad de expresión se da por igual y con similar intensidad tanto bajo regímenes de izquierda como de derecha, en el norte y en el sur del continente.
El común denominador confirma que la denuncia de irregularidades en la administración pública incomoda por igual a quienes detentan algún nivel de poder político, económico o social. Prensa y periodistas incomodan a gobiernos que se autocalifican revolucionarios.
Y por terroristas o guerrilleros a los conservadores. Ésa es la línea de máxima. La excepción que confirma la regla está en la defensa de la libertad de expresión que hizo una dama, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff: “Es siempre preferible el ruido de la prensa, al silencio de tumba de las dictaduras”.
Al margen lo ideológico, en el que en contraposición a la realidad la razón tendría que imponerse a la pasión, hay lamentablemente un nuevo elemento: el interés económico del poder delincuencial que está en crecimiento sostenido.
En Colombia, por ejemplo, 139 periodistas fueron asesinados entre 1977 y 2012. En México, los últimos 12 años fueron asesinados 82 periodistas y 16 se dieron por desaparecidos. Datos preocupantes, al fin y al cabo, porque los intereses económicos trascienden fronteras con la misma facilidad que los intereses ideológicos.
Informe Anual de Impunidad 2012: http://ifex.org/americas/alc/es/impunidad2012/
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