Un constante incumplimiento de promesas por parte de nuestros gobernantes y de las autoridades departamentales, coloca a la sociedad en la terrible duda de creer o no creer a los mandantes, de ser o no ser parte del conglomerado social que vive de muchas ilusiones y algunas esperanzas, sin que los anhelos se conviertan en realidades para mejorar las condiciones de vida.
Vivimos casi permanentemente confrontados, no se logra la empatía deseada entre gobernantes y gobernados y entre estos últimos entre sí, hay muchas cosas que separan a los llamados “grupos sociales” algunas de esas alentadas por intereses sectarios y otras que son el resultado de la inconformidad en que se desenvuelven cotidianamente los actores de nuestro vasto territorio.
Se da el caso que precisamente en nuestro departamento sentimos con mayor dureza ese proceso de fallas que rebasa las ofertas y, que por estar tan lejos de la realidad, nos impelen a crear situaciones de justa reacción en busca de un trato equitativo que mínimamente nos permita avanzar hacia las metas de un desarrollo inmediato, pero también sostenible.
Hay problemas de vigencia permanente, por ejemplo la falta de empleos reales y no improvisados, la falta de incentivos claros y precisos para impulsar una nueva minería, por falta de decisiones y voluntad política no avanzan esos importantes proyectos como el Puerto Seco, el Corredor Bioceánico, el Parque Industrial, fomento a la agricultura y la ganadería, al turismo y la artesanía.
Hay tanta dejadez por parte de nuestras autoridades e insensibilidad del Gobierno central, que hasta la suerte del Puerto Seco está en riesgo debido a que emprendedores empresarios y autoridades con visión de progreso están por consolidar tal idea para su instalación en el oriente.
Tenemos problemas colectivos de salud social, carencia de servicios básicos como agua y alcantarillado en una gran cantidad de barrios periurbanos, mientras se gastan recursos del pueblo en obras de puro maquillaje urbano o en proyectos suntuarios en el área rural, es decir no hay criterio de priorizar lo que tiene sentido social y no lo aparentemente fútil e inusual. Hacen falta más centros hospitalarios debidamente equipados y con la dotación de ítems necesarios, ahora que egresan médicos al por mayor.
Están vigentes aquellos factores adversos que son parte de la inseguridad ciudadana y que no se resuelven con discursos y más promesas, sino con mayor presupuesto, con planes operativos de aplicación práctica para eliminar las condiciones del delito, que son consecuencia del malestar social por falta de oportunidades de empleo y condiciones favorables a emprendimientos del mismo pueblo.
Hay precariedad en la definición de políticas que movilicen los servicios productivos y que hagan posible consolidar proyectos, por ejemplo, en la minería que está esperando (años) un nuevo código sectorial.
La preeminencia política es norma que ocupa la atención de gobernantes y opositores, más de los primeros, preocupados en imponer razones con algunas leyes que hasta deben modificarse para insertarse como factores de utilidad, en tanto que pocos legisladores de la minoría se ocupan por salvar el curul y no sus ideas.
Los bolivianos estamos afrontando de manera constante una serie de hechos negativos que no son solucionados en su justa dimensión y que siguen siendo una clara muestra de la falta de políticas nacionales y departamentales para enfrentar los verdaderos problemas, por encima de discurrir en asuntos de mero interés sectario.
Fuente: LA PATRIA
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