Hay situaciones complejas y difíciles de entender para la sociedad boliviana en lo que se refiere a la fuerza de la Ley que es en los hechos, fortaleza del Gobierno con la simple condición de que este se sujete a la Constitución y las leyes. Se nota en el diario vivir que hay propensión a un “abandonarse o dejarse estar” porque las fuerzas de presión, los hechos extremos y las cuestiones expuestas, sin razón alguna, por algunos sectores, no dejan ámbito para el diálogo, la concordia, la concertación y, mucho más, la búsqueda de la unidad y la paz en bien de todos.
Hace poco más de un mes, un alto funcionario del Gobierno dijo: “Es imposible que el Estado (quiso decir seguramente, el Gobierno) tenga un control físico del país”. La frase, preocupante y alarmista, podría mostrar dos facetas de lo que se quiso decir: la una, que implique debilidad del régimen y su imposibilidad por velar, controlar, mantener la vigencia de las leyes en todo el territorio y, la segunda: que hay miedo a que las fuerzas del mal como son la delincuencia, los extremos desencadenados por quienes buscan imposición de caprichos, las organizaciones dedicadas al contrabando, al narcotráfico, al cultivo de coca excedentaria y todo lo que involucre perjuicio o daño al país, estén tomando mayor cuerpo, mayor fuerza y tengan la pretensión de hacer de Bolivia otra Somalia donde el orden, las leyes y los derechos humanos han dejado de tener vigencia.
Lo expresado tiene visos de amargura para la población porque un régimen legalmente constituido y que administra el Estado no puede estar sometido a ninguna posibilidad de perder su autoridad, su dominio legal sobre todo el territorio nacional. En todo caso, la colectividad espera que el Gobierno administre el Estado y no que un Estado contrario a las leyes y tranquilidad nacionales, administren o sometan al Gobierno.
En los medios de comunicación se ha sostenido siempre la urgencia de que el régimen del señor Evo Morales gobierne o administre el Estado, sienta y comulgue el principio de que la Constitución y las leyes deben ser acatadas por todos y, especialmente, por el mismo Gobierno, sin olvidar que violentar o violar el sistema legal siempre es contrario a toda moral y sentido o conciencia de país. Esto implica que el Gobierno, por la legalidad de que está investido, tiene la obligación de contener los embates de cualquier mal que se cierna sobre la República de Bolivia; de otro modo, el peligro siempre latente de que la delincuencia se imponga, el crimen asuma mayores proporciones, la corrupción se generalice, el contrabando, la fabricación de droga, su comercialización y consumo se hagan norma en la vida nacional.
Hay realidades que el país no puede soslayar y el Gobierno, en nombre del Estado que es toda Bolivia con sus riquezas, su territorio, su pueblo, su cultura, sus tradiciones, etc., etc. no puede ni debe renunciar al derecho de hacer cumplir las leyes, de velar y dar el ejemplo, por el respeto a la Constitución y al ordenamiento legal. Actuar con la energía, la honestidad y responsabilidad necesarias en este caso de tener un “control físico del país”, será siempre la mejor forma de evitar cualquier retirada en el cumplimiento de lo que la Constitución manda y lo que una sana conciencia de los gobernantes obliga.
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