Días atrás y seguramente considerando la necesidad de preparar el ambiente para debatir sobre el peliagudo problema de la subvención en el precio de los carburantes, el ministro de Economía lanzó el globito de ensayo proponiendo “reflexionar sobre los cuantiosos recursos que se gastan en la subvención de los carburantes en el país”.
El dignatario de Estado fue muy explícito al divulgar las cifras sobre el delicado problema, remarcando que este año el gasto por ese rubro será de 981 millones de dólares, pero el próximo 2013 el gasto para cubrir la subvención a los carburantes se elevará hasta los 1.060 millones de dólares que deberán consignarse en el Presupuesto General de la Nación.
La suma realmente es fabulosa si se la utiliza para hacer comparaciones con alternativas de uso en otras condiciones que no sean las de erogar semejante presupuesto sin retorno de beneficio aparente para la comunidad. Este es justamente el factor controversial pues el resultado de ese gasto, considerado más bien como inversión, permite mantener una escala de precios en carburantes sin que su precio de venta suba, lo que produciría una seria espiral inflacionaria con un cambio obligado de precios de manera general en el gasto ciudadano.
Según los entendidos, la subvención a los carburantes es una garantía en la estabilidad económica nacional que ha permitido sostener un nivel aceptable entre lo que se gana y lo que se gasta en materia de economía social, no se satisfacen plenamente las expectativas de una mayoría poblacional, pero por lo menos no se ha desatado una ola de especulación que ponga en el suelo el valor de los salarios y obligue a disponer medidas de emergencia que no siempre podrán paliar las irregularidades emergentes de una economía de guerra.
Dirigentes del transporte así como de la COB, además representantes de los organismos empresariales privados coinciden en señalar que los anuncios del ministro de Economía generan inmediata reacción en algunos sectores que están expectantes ante cualquier circunstancia para lograr ganancias en río revuelto, cuando la supresión de la subvención a los carburantes tiene que ser un proceso paulatino de modificación desde la matriz energética nacional que tiene que ver con la capacidad productiva de carburantes, el parque automotor del país y las condiciones de generalizar el uso de GNV en el transporte, pero también de ejercer controles radicales para evitar el contrabando de nuestros carburantes hacia países vecinos.
En el nivel oficial se resalta la actual condición bonancible por la que atraviesa el país, la macroeconomía boliviana reconocida en mercados internacionales que ha permitido la negociación de bonos y que debería fortalecerse con políticas realistas que salven los gastos millonarios de una subvención que se incrementará año que pase, poniendo en riesgo la solidez financiera nacional.
En el otro frente los sectores que resultarían directamente afectados además de asalariados y transportistas, enfatizan en el peligro de ponerse en riesgo toda la economía popular que tendría variación negativa si se alteran las condiciones actuales con un frente inflacionario que terminaría en una convulsión social, lo que precisamente debe evitarse con una cautelosa actitud del Ejecutivo.
Fuente: LA PATRIA
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