Territorialidad, censo y la “susceptibilidad cívica”

El uso de un mapa distorsionado de Oruro para el Censo 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría consolidar la pérdida territorial que tiene el departamento con La Paz, Cochabamba y Potosí, según la “susceptibilidad cívica” que está latente y genera protestas en las comunidades afectadas, “porque no saben a qué región pertenecen y quieren seguir siendo orureños”.

Esa susceptibilidad aumenta en los pobladores de las comunidades afectadas tomando en cuenta lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo 1305 que determina: “las poblaciones que no sean empadronadas no recibirán recursos económicos de coparticipación tributaria”, y estas tampoco están de acuerdo para ser clasificadas con el “código O”, por los procesos administrativos de delimitación pendientes, lo que supone que figuran como ciudadanos pero no tienen territorio definido.

Las falencias para el Censo son varias y eso podría restar legitimidad al derecho de las comunidades tomando en cuenta el claro sentido democrático para dar cabida a la coexistencia de múltiples territorialidades en el espacio del estado-nación, para que esas territorialidades sean reconocidas y reguladas plenamente por la territorialidad estatal como expresión suprema en el ámbito de la existencia ciudadana.

El reclamo de Oruro por el uso de cartografía distorsionada y un mapa que no define la adecuada delimitación departamental con La Paz, Cochabamba y Potosí es válido, más aún si la propia Universidad Técnica de Oruro (UTO), a través de expertos manifiesta la preocupación de la pérdida territorial y otros antecedentes que deberían motivar un cambio de actitud de las autoridades nacionales y departamentales.

El estudio técnico, jurídico e histórico de los expertos de la UTO, establece que el uso del mapa distorsionado del Departamento como referencia para el Censo 2012, consolidaría la pérdida territorial de Oruro a favor de los potosinos porque se estaría utilizando un mapa cuestionado de 1994, lo que favorecerá al hermano departamento a pesar de corresponder estos territorios a Oruro, donde las autoridades departamentales prefieren mantenerse al margen, pese a ser su responsabilidad el cuidado y protección de nuestro territorio.

El resultado del estudio realizado por la UTO, con el rigor académico busca orientar técnica y científicamente a las instancias políticas para que no se perjudique a Oruro y a los pobladores de las comunidades que tienen problemas de límites, tomando en cuenta que el proceso de investigación permitió establecer que de la documentación histórica revisada y sometida a crítica, determina que en 1904 los mojones situados en la línea de Samancha Quinsa, Aguañapi Apacheta, Tuqita y Canquira que era de propiedad de la comunidad Quillaca, señalaban la frontera con la comunidad de Coroma. Según el informe de Comisión 128 y Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de la República de Bolivia.

El informe establece que “el mapa distorsionado de Oruro, es resultado del avance y posesión de la comunidad de Coroma en territorio de Quillacas, señalando que ese avance histórico se registra en diferentes documentos en que se admite la no propiedad del territorio por Coroma, quedando hoy en día los mojones ancestrales de los Quillacas en el referido avance”, dejando latente un problema de límites irresoluto.

Asimismo se toma como referencia e identifica un levantamiento topográfico realizado por el Instituto Geográfico Militar en año 1989, usando documentos ancestrales de Coroma, a partir del mojón de Caracara hasta Uruquilla, lo que permitió confeccionar el mapa que beneficia a Potosí y consigna la continuación de la zona comprendida en el mapa distorsionado de Oruro elaborado con documentación irregular que tiene raspaduras por la comisión de los doctores Miguel de la Cruz Méndez (1899) y Eulogio Arce (1901).

Por ello “Oruro no va al censo con ese mapa distorsionado” como anunció la presidenta del Comité Cívico, Sonia Saavedra, que advirtió que si se utiliza la cartografía distorsionada se perderá el territorio, población, recursos económicos provenientes de coparticipación, IDH, Hipc y hasta la representación política, puesto que Oruro el año 2005 ya tuvo que resignarse a tener sólo 9 diputados perdiendo un escaño por la disminución de población.

Ojalá la historia no se repita y podamos empadronarnos todos los orureños, estantes y habitantes de esta importante región del país, que debe convertirse en el eje del desarrollo nacional para volver a atraer a quienes se fueron y así consolidar una población citadina permanente para generar más ingresos y tener una ciudad y departamento atractivo para nuevas inversiones y el establecimiento de nuevas industrias y proyectos para generar empleos, como única forma de frenar la masiva migración de los orureños.

(*) Periodista