Si hay algo que realmente alarma y debería ser objeto de especial preocupación en los niveles del Poder Ejecutivo es la situación de miles de bolivianos que viven bajo las condiciones de la más precaria condición de empleo, es decir sin ninguna seguridad, sin coberturas previstas por la Ley laboral, sin posibilidades de sostenibilidad en un marco de equidad y justicia y por tanto sin posibilidades de alcanzar por lo menos la regla de percibir un salario mínimo vital.
De acuerdo a investigación realizada por el personal del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inased) se establece que la inestabilidad laboral, el incremento salarial insuficiente, la carencia de seguridad social y la inestabilidad permanente son causas que hacen precario el empleo vigente, especialmente en el sector de la informalidad.
Sin embargo un hecho cierto y patético es que cientos de miles de bolivianos se sostienen con ingresos de la informalidad, sin preocuparse de saltar la dificultosa barrera de entrar a la formalidad donde podrían mejorar ciertas condiciones de empleo, pero salvando una serie de obstáculos no precisamente fáciles de vencer, por ejemplo empezar por obtener un NIT para tener registro legal, pagar impuestos, hacer ventas o transacciones entregando facturas, cumplir con costos laborales si hay empleados, obligaciones con el seguro social o una AFP y otras obligaciones como alquileres, luz, teléfono y materiales o equipos de oficina, en fin, todo un cúmulo de obligaciones que desalientan a muchos trabajadores entrar en la formalidad de sus servicios.
Se observa que una mayoría de los empleos precarios se encuentran en el amplio y vasto sector informal inclusive en parte de las micro y pequeñas empresas, que prefieren pagar un mínimo impuesto que exige por ejemplo el régimen simplificado, aunque la realidad en el movimiento de capitales en giro para ciertos negocios obligarían a formalizar actividades para tributar correctamente pero con los riesgos que significa asumir una cadena de obligaciones.
Frente a ésta situación, que es emergente de la necesidad de sobrevivir a cualquier costo, la opción obligada es alinearse en la informalidad, perder posibilidades de tener un seguro social y algunos beneficios legales, aunque resulta discutible la proporción de ingresos a percibir que en algunos casos pueden ser muy superiores al mínimo vital oficial, consiguientemente satisfaciendo las expectativas de vida de las familias sostenidas por la economía irregular.
Claro está que en el rubro de “informalidad” hay una escala de negocios que proporcionan ingresos “casi” estables a sus propietarios, mientras tanto los trabajadores formales del extremo de la banda salarial tienen sus ingresos fijos que si bien se han incrementado en interesante porcentaje y permiten algunos beneficios sociales, no pasan de los mil bolivianos y tal monto no alcanza para cubrir lo que representa la canasta familiar para por lo menos cinco miembros.
Bajo esas condiciones se desarrollan las actividades laborales del país en un marco de abierta inequidad, pues hay sectores de especial privilegio donde las secretarias ganan más de diez mil bolivianos al mes y no sólo en el esquema de la burocracia estatal, sino en varias entidades de servicio, lo que marca un estado inequitativo que hace más visible la precariedad laboral que debería eliminarse con planes formales de empleo en reemplazo paulatino de la informalidad.
Fuente: La Patria
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