Hay coincidencias muy precisas entre expertos legisladores que opinan y sugieren sobre el delicado proceso de crear proyectos de leyes sobre infinidad de temas para pretender ordenar a través de esos instrumentos circunstancias o condiciones que se presentan adversas a los intereses gubernamentales, aunque no precisamente al conjunto de la sociedad… y se explica que en la práctica tener más leyes no significa más organización.
Desde la aprobación de una agenda de recomendaciones en una Cumbre Política se anotó gran cantidad de leyes con el objeto de ejercer aparente control en torno a una serie de inconvenientes vigentes que deben ser controlados o directamente eliminados para que no existan “factores sociales adversos” a la corriente de mando gubernativo.
Sin embargo, no se trata sólo de proyectar y aprobar una ley debido particularmente a que en la mayoría de los casos esos borradores de normas especiales no se “socializan ni debaten” en los sectores que tienen que ver con la intencionalidad oficial y el objeto y fin de la medida que puede afectar muchos intereses sin solucionar específicamente el motivo controversial que es causa y motiva la preparación de una nueva ley.
No hay que olvidar que inmediatamente de aprobada una norma, necesariamente obliga a su reglamentación para establecer condiciones propicias para su aplicación, etapa en la que se produce la lógica reacción de los “movimientos sociales” no siempre los afines al Gobierno sino también los supuestamente involucrados o afectados con algunas restricciones que de manera parcial o total, alteran circunstancias consideradas fuera de una ley.
A propósito de estas circunstancias y con relación a la controvertida Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, rechazada abiertamente por dos sectores importantes del quehacer cotidiano, el caso de los gremiales y de los transportistas, se menciona que la determinación presidencial al derivar ese proyecto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es lo más acertado en el momento actual, pues se deberá esperar algún tiempo para que los altos magistrados determinen que el contexto del proyecto no viola la Constitución, argumento que fue expuesto por dirigentes de organismos sociales, por abogados constitucionalistas, por algunos legisladores y por los políticos de la oposición.
El proyecto surgido en el Ministerio de Gobierno fue defendido “a capa y espada” por el titular de esa cartera, pero fue observado y hasta cuestionado en la cabeza de la Cámara Baja, lo que originó un “desacuerdo” en el oficialismo que fue percibido y disimulado en la jerarquía del senado nacional.
Se entiende que no hay voces opuestas a una lucha abierta contra los narcotraficantes, contrabandistas o corruptos que legitiman sus ganancias ilícitas a través de acciones aparentemente legales y mayormente encubiertas en las redes de una burocracia cómplice, que para fines legales no pone la cara al frente y complica a terceros, como los que temen ser involucrados por la acción delictuosa de los grandes “mayoristas”.
El TCP demorará un mes en el proceso de establecer la inconstitucionalidad o no de la Ley de Extinción, de modo que con esa definición de alto nivel se procederá en adelante para continuar con su trámite de aprobación, aunque se espera que el Tribunal podrá disponer también las modificaciones que fueran necesarias para hacer expedita una ley sin que vulnere derechos ciudadanos y sancione con efectividad a los verdaderos responsables de los delitos anotados.
Fuente: La Patria
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