Jueves 08 de noviembre de 2012
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Quien desempeña una destacada función pública debe ocuparse de asuntos trascendentales. En concordancia con esto, los encumbrados tienen el deber de ser respetuosos, veraces y mesurados cuando les corresponde dirigir mensajes públicos. Al fin y al cabo, de ellos depende la continuidad democrática –si la hay– y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones ciudadanas.
No sólo se trata de la capacidad de trasmitir mensajes. Deben reflejar el orden de prioridades en el manejo del Estado, dejando de lado lo trivial y lo anecdótico. Sucede, sin embargo, que el afán de notoriedad se satisface con la asiduidad agobiadora de discursos, afirmaciones, definiciones, anuncios, advertencias, etc., todo sin “separar la paja del trigo”.
La injustificable frecuencia de las obligatorias cadenas de televisión para actos o discursos y la proliferación de espacios pagados para la propaganda oficial, son manifestaciones del culto a la personalidad, pues tienen subyacente el objetivo de satisfacer la vanidad del poderoso. Pero el costo de ello puede ser alto: los disparates cuestan en popularidad y se pierde la confianza ciudadana.
