Domingo 04 de noviembre de 2012
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El suicidio de un hombre que iba a perder su vivienda en España ha calentado el debate sobre los desahucios. El creciente desempleo, los recortes sociales y la subida de impuestos impiden que cada vez menos familias puedan pagar su hipoteca y cumplir así con un contrato que firmaron en otra época y en circunstancias que han cambiado.
Pero “los contratos están para cumplirse y la ley es la ley”, dijo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Estos políticos no muestran coherencia ni guardan las formas cuando se multiplican testimonios trágicos en los medios de comunicación: la madre soltera que, con dos hijos, uno de ellos discapacitado, perdió el trabajo, ancianos que trabajaron toda su vida en el umbral de la exclusión, familias con todos sus miembros desempleados.
Si no gusta la ley, cambiémosla, dijo Botella. Pero el Gobierno ha tenido otras prioridades: cambiar la ley del aborto, ilegalizar la captura de imágenes de policías durante manifestaciones, criminalizar la protesta ciudadana, aunque sea pacífica, y endurecer el código penal. Hacienda aprobó una amnistía fiscal para que los evasores de impuestos trajeran sus capitales de regreso a España, con el sonrojo de 50 millones de euros recaudados en cuatro meses. Esta distancia entre “representantes” y “representados” explica la percepción generalizada de los políticos como problema y no como solución a problemas vitales como el de la vivienda.
