A 60 años de la Nacionalización de las Minas en el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), firmado en Catavi el 31 de Octubre de 1952, el actual gobierno sigue nacionalizando como forma de contentar a cooperativistas, mineros asalariados y comunarios de varios distritos que invaden las pertenencias del actual Estado Plurinacional, con acciones violentas que cobran vidas.
Bolivia, poseedor de una riqueza mineralógica con diversos yacimientos en casi todos los departamentos, obliga a autoridades que están bajo el mando del Presidente Evo Morales, volcar la mirada y exponer esfuerzos para elaborar proyectos confiables y completos, que permitan la administración técnica-económica en todas las minas que desde 1952 dependen de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) al ser arrinconada la denominada "rosca minera".
No comprendemos que pasados algo más de 20 años, fracasa la administración de Comibol, al surgir cuatro dueños: El Estado, el MNR, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el poder político de turno. Aquella institución cobijó a 37.000 trabajadores, el 70 % en labores de exterior y el 30 % en interior mina, todos gozando de pulpería barata, cuatro artículos subvencionados: azúcar, arroz, carne y pan, aparte tener vivienda, electrificación y agua sin costo, provocando una carga económica al país. Este drenaje de recursos, motivó la denominada "Relocalización" en todas las minas a través del Decreto Supremo 21060, que aún está vigente desde la década del 80 del siglo pasado.
Actualmente, el Gobierno administra pocas minas, dejando el laboreo a empresas particulares bajo el sistema de "Riesgo compartido" o diversos convenios para no tener una carga social; sin embargo, en la actualidad Comibol tiene a su cargo la Empresa Huanuni, con potencial minero en el cerro Posokoni, con más de 5.000 trabajadores, con una planta procesadora (ingenio) con capacidad de 1.200 toneladas-día de tratamiento, sabiendo que la media-técnica aceptable es de una tonelada-día por persona; pero, los trabajadores gozan de buenos salarios, incluyendo bonos de producción por las buenas cotizaciones del estaño.
Si bien Comibol en lo técnico se nutría con excelentes proyectos técnicos, teniendo contacto con la cooperación del Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgicas, asentado en la ciudad de Oruro con destacados profesionales y dotado de laboratorios de primera línea, Junto a Geobol, las labores no marcharon bien porque por medio existían intereses oscuros políticos e intromisiones sindicales, para que aquellas instituciones técnicas cerraran sus puertas.
Actualmente la minería tiene excelentes perspectivas por la cotización de minerales; pero el Gobierno que quiere desligarse de la carga social, no actúa con capacidad técnica y empresarial porque no tiene un adecuado Código Minero y apropiadas leyes para saber cuál la función del Estado Plurinacional y cuáles son derechos del ciudadano que busca fuentes de trabajo.
El Presidente Morales, sus ministros y asesores cercados por conflictos, para salir del paso, conceden prebendas a cooperativistas mineros y comunarios, apartando de la administración de los yacimientos a empresas particulares como la Sinchi Wayra en Colquiri y, al consorcio canadiense en Mallku Khota que tenían convenios con Comibol, tratando evitar violencias, deseo que no se logra, porque continúan los conflictos y los cercos de policías que procuran proporcionar paz en las zonas.
A todo esto llaman nacionalización.
(*) Periodista
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