Combatir al narcotráfico es, innegablemente, trabajo de titanes que requiere de mucho dinero, tecnología, capital humano con muchos valores y, sobre todo, decisión y coraje. En Bolivia, desde los años 60 se despliega una lucha frontal pero no con resultados que serían de esperar: el poder de los empresarios de las drogas es infinito porque cuenta con mucho dinero (sucio por el negocio de las drogas), tecnología, influencia en políticos, gobiernos, medios de comunicación y hasta entidades religiosas; pero, en todo caso, cuenta con el chantaje porque utiliza amenazas y comete todo tipo de crímenes con tal de imponer su voluntad y someter a personas e instituciones.
Umopar, Felcn y otras entidades del país han trabajado eficientemente en los últimos cuarenta años; en los últimos tiempos han logrado éxitos muy ponderables porque consiguieron decomisar muchas toneladas de droga, coca en estado de maceración, precursores y bienes pertenecientes al narcotráfico; sin embargo, la producción de drogas crece indefinidamente porque la delincuencia se encarga de aprovechar la falta de empleo de mucha gente, ofrece trabajos seguros y permanentes, compromete la conciencia y seguridad de las personas y hasta explota a familias de quienes prestan servicios en sus plantas industrializadoras de droga.
Si a todo este conjunto se añade el hecho de que los cultivos de coca se expanden por buena parte del territorio, el problema crece imparablemente. Que el gobierno dispone la erradicación de cocales, es evidente; pero, es con las plantaciones antiguas porque campesinos del Chapare y de los Yungas aprovechan tierras que antes se dedicaban a la agricultura y que hoy contienen coca nueva. Las políticas de cultivos alternativos dieron frutos positivos en alguna forma; pero, en gran parte han servido para que campesinos que erradicaron cocales y recibieron muchos dólares como compensación, los utilicen para adquirir nuevas tierras y cultivar más coca en el Chapare y otros sitios aledaños.
El prestigio de nuestro país se ha deteriorado muchísimo en los últimos años pese a todas las labores de interdicción, prevención y educación. El incremento de producción y comercialización de droga aumentó y de ahí proviene la descertificación por parte de los Estados Unidos. El caso es, evidentemente, grave, y corresponde una guerra abierta contra los cultivos excedentarios de coca hasta dejar su producción en cero; evitar el ingreso de precursores a las zonas productivas, controlar caminos, pistas de aterrizaje y hasta carreteras con amplios espacios que permitan llegada de avionetas que recogen el producto terminado para colocarlo en mercados que están prestos a pagar altos precios; pero, esa lucha no puede ser responsabilidad sólo de Bolivia y otros países productores; tiene que ser, forzosamente, de los países ricos y consumidores que son los que compran la droga, que exigen mayor producción y, además, que esos países inviertan en los países pobres para crear riqueza y generar empleo porque es la pobreza la causa número uno para el cultivo de coca y su consiguiente conversión en droga. La lucha o guerra tiene que ser solidaria y mancomunada entre todos los que intervienen en contra de la producción y el consumo de cocaína y otros elementos letales que causan más víctimas que todas las guerras.
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