La expresión vertida por el señor Presidente, luego de la elección del Fiscal General del Estado, se constituye en un grito de alegría por haber logrado lo planificado para esa elección donde se impuso el MAS con más de dos tercios del Órgano Legislativo.
Por eso, la frase se acomoda perfectamente al dicho de “a confesión de parte, relevo de prueba”. El primer mandatario, consideró esa elección como un triunfo del instrumento político que preside; y no sólo eso, sino que al existir sólo un pequeño margen para que el MAS procure los dos tercios en el Órgano Legislativo, la elección del nuevo fiscal, superó esos dos tercios, haciendo entrever que la “oposición”, también tuvo su cuota para que ahora tengamos un nuevo Fiscal del Estado, afín al gobierno.
El flamante Fiscal, al haber sido parte del partido de gobierno en la Asamblea Constituyente y Ministro de la Corte Suprema nombrado directamente por el Presidente del Estado, cualquier explicación que pueda brindar, cae por su propio peso. Más aún, al tener un proceso por terrorismo, sin importar el tiempo transcurrido, no podría tener la autoridad moral de “velar por la legalidad y los intereses de la sociedad y ejercer la acción penal pública; teniendo autonomía funcional, administrativa y financiera” tal como establece la Constitución Política del Estado, aprobada con la ayuda del actual Fiscal General, en su calidad de Constituyente en representación del MAS.
“Todo estaba cocinado, ya no había nada que hacer”, dijo un parlamentario de la “oposición”, que presuroso acudió a la invitación que se le hizo llegar, para asistir a la posesión de la nueva autoridad del Ministerio Público, nada menos que en la Vicepresidencia, en lugar de que sea posesionado en el Órgano Legislativo.
En política todo es posible, pero debiera haber un mínimo de moral para ejercerla. Así, se hubiera logrado el respeto y, sobre todo, la credibilidad de las acciones del Ministerio Público, en “defensa de los intereses generales de la sociedad”.
La verdad es que con esta designación la apropiación de todo el Órgano Judicial, ha sido consumada y no nos queda sino, una resignación marcada por la frustración de contar con autoridades jurisdiccionales nombradas de una lista preseleccionada, donde el voto en blanco se impuso. Hasta un Magistrado del Tribunal Constitucional, cuestionó la designación del abogado, ahora Fiscal General, indicando que su elección es completamente política; por lo tanto, será funcional al partido de gobierno.
Así, el MAS-azo, no se lo dio a la “derecha neoliberal”, sino a la sociedad boliviana que esperaba una elección en base a méritos profesionales; pero, sobre todo a la independencia partidaria de la nueva autoridad.
“El nuevo reto es devolver la confianza y credibilidad de la gente”, dijo el recientemente posesionado Fiscal General; es de esperar que lo logre. La esperanza es todo lo que queda en el imaginario popular, luego de ese nuevo MAS-azo que recibió la población boliviana, que quedó aturdida con este nuevo golpe.
Por lo menos… esa es mi opinión.
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