Desde hace bastante tiempo, los bolivianos sufrimos por los atropellos que cometen algunas personas contra la propiedad y derechos de una comunidad nacional que no está acostumbrada a los extremos protagonizados por quienes no tienen noción de respetar las leyes y menos los derechos de las personas. Este es el caso, por ejemplo, de muchos campesinos o trabajadores mineros que no trepidan en apoderarse de lo que no les pertenece.
Los pretextos que se arguyen para cometer el delito de avasallar propiedades y hasta cometer crímenes, son diversos; en casos, se alega que viven en localidades cercanas y porque “se atenta contra sus propiedades con el trabajo minero o, en casos, se permite la incursión de elementos que no son del agrado o simpatía de la comunidad”. Por supuesto, las “razones” alegadas caen por su peso porque lo que hacen es violentar las leyes y atentar contra las personas y sus derechos propietarios o, en las minas concesiones que se han hecho o donde se trabaja con contratos conjuntamente Comibol.
Lo grave es que esos delitos – que ya se cuentan por muchas decenas – quedan en la impunidad y hay casos en que la intervención policial no ha servido de nada o hubo sacrificio de vidas debido a la intención de apresar a los autores. Muchas de esas acciones han quedado consolidadas en favor de los asaltantes y no valió ninguna acción de las leyes para ponerles freno. En casos, el hecho de una primera vez que quedó impune ha dado lugar a que se repita con otras pertenencias.
Otro atropello a las leyes está en el contrabando que actúa impunemente y, casi por costumbre, adquiere visos de legalidad porque se utiliza el pretexto de la falta de fuentes de empleo y, “como las familias tienen que vivir”, se permite la consumación del delito. Así se ha procedido por parte de muchos gobiernos hasta el presente, que la prohibición para internar vehículos usados sea un hecho normal y, como hubo contemplaciones para su legalización (no “nacionalización”) inclusive con el pago con facilidades de derechos e impuestos, ese accionar se ha repetido indefinidamente.
El contrabando ha cobrado muchas vidas en la historia de los últimos treinta o cuarenta años y hay mucha gente que se enriqueció con su práctica. En los últimos años está el caso de treinta y tres camiones que arribaron a la ciudad de Cobija portando miles de kilos de mercadería que seguramente fue internada al Brasil pero que nunca se aclaró y todo quedó en el “misterio”. Está el último caso en que, felizmente, han tenido que intervenir fuerzas del Ejército pero con el saldo de muertos y heridos porque el contrabando supo pertrecharse de armamento moderno. El caso, pese a algunos excesos de las fuerzas represoras, ha sido aplaudido por la población porque se entiende que alguna vez había que poner coto a esta labor delincuencial.
Enumerar los casos de violación a las leyes y atentados a la comunidad nacional sería muy largo; y entre esos atentados que son producto de ambiciones desmedidas está el de la corrupción que afecta a todo el país y, como se han sucedido los hechos, pocos, muy pocos son los hechos sancionados; el resto queda en la impunidad.
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