De forma cíclica se han producido ataques al sistema cooperativo en Bolivia, procurando incorporar sus recursos al circuito bancario o para que el Estado los administre y disponga en forma directa, los que al parecer son montos muy atractivos para ambos estamentos.
Desde diferentes posiciones, nos ha tocado defender este sistema que a todas luces corresponde a los sectores menos favorecidos del país, dado que el sistema bancario, hoy bajo el argumento del control y exigencias de la ASFI, para la concesión de sus créditos establece requisitos de solvencia y garantía generalmente inalcanzables para el ciudadano de a pie.
Por el contrario, las Cooperativas sean de Ahorro y Crédito, Producción o Consumo han sido apropiadas por la ciudadanía que las prefiere por sentirlas suyas y más accesibles; sus socios pueden “tocar” a los miembros de sus Consejos de Administración o Vigilancia que, especialmente en las pequeñas, son sus propios vecinos o conocidos.
Ahora, sufren nuevos embates adversos, pudiendo identificar entre varias a dos causas principales que se visualizan en la dramática situación de los socios de la Cooperativa San Luis, la mayoría gente pobre que con sacrificios logró reunir sus ahorros para colocarlos en Cajas de Ahorro y en Depósitos a Plazo Fijo que ofrecían algún punto más en los intereses. Como emergencia del miedo colectivo, tal situación ha provocado un extraordinario retiro de socios del sistema, poniendo en cuestión a otras cooperativas.
Por un lado, malos directivos y ejecutivos han defraudado la confianza de una masa societaria que les encomendó el nivel gerencial porque se suponía eran los que sabían de administración y finanzas, aprovechándose de la buena fe de la gente han incurrido en negligencia y malos manejos, créditos vinculados, sin garantías u otros actos deshonestos, quienes por cierto merecen drásticas sanciones.
Por otro, lo que era un fenómeno aislado que no debía afectar la credibilidad del sistema cooperativo -como no sucedió con el sistema bancario cuando quebraron varios bancos- tiene su origen en las desafortunadas declaraciones de las autoridades de fiscalización y control, sin ofrecer solución alguna que no sea para agravar el sentimiento de desazón y pérdida de los afectados, cuando estas autoridades manifiestan, que al no estar bajo su control, no tienen la capacidad de intervenir en el problema.
Lo paradójico es que son los requisitos y condiciones impuestos a las Cooperativas para que se adecuen al nuevo formato de la ASFI en condiciones muy parecidas a la Banca, los que en las otras cooperativas han provocado que los Estados Financieros den la apariencia de fragilidad y peligro de quiebra, a lo cual se agrega el vacío institucional fiscalizador durante el proceso de adecuación. Y es que las funciones estatales han perdido casi totalmente su sentido social, sustituido por la visión pragmática de únicamente resultados económicos.
Es preciso defender la supervivencia y fortalecimiento del sistema cooperativo, de los nuevos ataques enmascarados en normativas. Las autoridades gubernamentales, están en la obligación inexcusable de dar dos soluciones: una inmediata a los socios de la Cooperativa en problemas y otra de fondo, rigiéndolo con normas y condiciones adecuadas a su naturaleza social, pues no se debe olvidar que si bien son organizaciones privadas también son de Derecho Público con fines esencialmente sociales; pero además y principalmente, porque son patrimonio del pueblo.
(*) Ciudadana en ejercicio
Tomado de hoybolivia.com
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