Reactivación industrial y minera potenciará la economía

En la región no se percibe un proceso de reactivación industrial por vacilación de autoridades departamentales y municipales que a la fecha no fijan el área de reserva industrial de la ciudad de Oruro, que en definitiva podría estar ubicada en la zona de Socomani, donde al parecer más bien se alienta el crecimiento urbano, antes que una zona específica para instalar nuevas industrias.

Los predios destinados al Parque Industrial en la zona de Vinto con una extensión de más de 148 hectáreas en su mayoría han sido avasallados y se han convertido en terrenos de los “Sin Techo” que ahora urbanizan el sector aunque el derecho propietario de las tierras continúa a nombre de la Corporación de Desarrollo de Oruro que transfirió esas tierras a la Prefectura de Oruro, donde las autoridades de turno no hicieron nada por consolidar la zona industrial.

La actitud distractora de las autoridades departamentales esta manifiesta en bonitos discursos y ofrecimientos que no se cumplen, porque recién surgió -como ejemplo- el problema de los terrenos asignados a la Aduana Distrital de Oruro, 20 hectáreas en la zona de Cala Caja, para construir un moderno recinto aduanero y nadie pudo hacer nada por la “superposición” denunciada por la propietaria de predios aledaños que son urbanizados y dejan sin tierras a la Aduana Nacional de Bolivia.

Para cumplir su plan operativo la Aduana invirtió en otros terrenos donados, ubicados en la zona de Pasto Grande, en sector próximo a Caracollo, donde construyeron el muro perimetral y ahora estará el recinto aduanero. Esa inversión próxima al millón de dólares se habría realizado en el Municipio de Oruro si las autoridades municipales hubieran entregado los terrenos saneados y sin observación, hecho que al parecer a nadie le interesa aclarar.

Sin área de reserva industrial, sin terrenos para el recinto aduanero y sin importarles a las autoridades el desarrollo industrial y minero, el futuro de la región es poco alentador porque la reactivación económica se dará sólo si hay nuevas industrias y se continúa una explotación planificada y diversificada de la minería, lo demás constituye un impacto negativo para nuestra ya deprimida economía que se sostiene con la actividad ilícita del contrabando, narcotráfico y “juqueo” (robo de minerales), a lo que podría sumarse el “negocio de tierras”, porque los migrantes pobres ahora tienen un gran negocio de reventa de lotes que les permite tener automotores lujosos y además poseer varios terrenos a la vez. Las tierras avasalladas de pronto se convirtieron en “terrenos de engorde” y eso no favorece a los orureños, sino a quienes vienen, obtienen casi gratis los terrenos y luego revenden para emigrar a otra región del país.

La decisión de reactivar la economía regional no es un tema que concierne sólo a empresarios, industriales y mineros, sino fundamentalmente a las autoridades departamentales y municipales que tienen obligación, por mando imperativo de la ley, de dotar de las áreas de reserva industrial y además garantizar que no hayan avasallamientos como ocurre en las zonas que operan las empresas mineras chicas, donde una veintena de casos fueron denunciados, sin que nadie otorgue seguridad jurídica para la continuación de las operaciones productivas.

Si analizamos la realidad regional, la reactivación económica en base a la industria productiva y de transformación, así como la minería, resulta ser un anuncio más del gobierno y no hay una política industrial ni minera que garantice la continuidad de las operaciones y la rentabilidad en función de la inversión privada que nos dará como rédito fuentes de empleo para más de 25 mil desocupados que deambulan por las calles de Oruro en busca de trabajo.

Asimismo si las estadísticas de un estudio realizado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) que señala que entre el año 2005 y el año 2009, en Bolivia 500 mil personas dejaron de ser pobres, pero 2.7 millones de bolivianos permanecen en el umbral de la pobreza, los orureños estamos todavía en el umbral de extrema pobreza, porque los pobres que se redujeron son quienes migraron a otras regiones buscando mejores alternativas de vida y sustento para sus familias.

Mientras no exista una actitud responsable de las autoridades del gobierno departamental y municipal, poco o nada se podrá hacer para revertir la situación de pobreza que genera una economía deprimida, por ser Oruro una ciudad de tránsito y circulación para millones de dólares que no son parte de nuestra economía. Ojalá podamos a corto plazo revertir esa realidad para superar la situación de miles de pobladores que no tienen ingresos para comprar una canasta alimentaria y menos para cubrir sus necesidades elementales para la manutención de sus familias.

(*) Periodista