Domingo 21 de octubre de 2012
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La resolución judicial del peor desastre medioambiental en la historia de España pende de un hilo. El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un buque de un solo casco que surcaba los mares del norte de España con 77.000 toneladas de petróleo, se partió y derramó sus contenidos a lo largo de 1.600 kilómetros de costa, que alcanzaron también a Portugal y a Francia.
Diez años después, no hay acusaciones en firme ni se ha fijado el pago de las indemnizaciones, cuando la justicia de Estados Unidos necesitó dos años para tener resueltas estas cuestiones en el caso Exxon Valdez, de dimensiones similares. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos está a punto de llegar a un acuerdo con British Petroleum (BP) para el pago de indemnizaciones a los afectados por el vertido del Deepwater Horizon, en el Golfo de México.
El abogado de oficio que defiende al jefe de máquinas del Prestige, uno de los principales acusados, amenaza con renunciar si la justicia española mantiene sus honorarios en menos de 500 euros por diez meses de trabajo. El gobierno estudia “medidas excepcionales” para incrementarlos debido a la magnitud del caso: más de 230.000 folios de sumario, aunque los escritos fundamentales para preparar la defensa consiste en “sólo” 80.000 folios. Además de la lentitud de la justicia y del menosprecio al medioambiente, este caso deja en evidencia la precariedad para los abogados que designa el Estado para defender a personas que no pueden pagarse otros servicios jurídicos, algo que no se puede permitir un estado de derecho.
