Denuncian a gobernador por supuesta corrupción en proyecto Puerto Seco
18 oct 2012
Fuente: LA PATRIA
Los pobladores de la comunidad de Khasa Huasa y Jiquilla identificaron un posible daño económico de aproximadamente 37 mil bolivianos, que fueron invertidos por el Gobierno Autónomo del Departamento, en materiales que apoyaron los estudios para el emplazamiento del Puerto Seco en esa población, por tanto se prevé que el gobernador Santos responda de esta denuncia en estratos judiciales por supuestos delitos de cohecho pasivo propio y concusión.
La alcaldesa mayor de Jiquilla, Teresa Choque señaló que ante la existencia de este supuesto daño económico y otros delitos que cometió el gobernador, Santos Tito, al haber cambiado de forma arbitraria el lugar de emplazamiento del Puerto Seco que según un estudio técnico definió que debería ser en las comunidades de Khasa Huasa y Jiquilla, se comenzó con un proceso penal.
“El señor gobernador se hizo la burla de nuestras comunidades y tendrá que responder a muchas de las preguntas que hará el fiscal correspondiente, es importante que el departamento conozca que no se puede invertir recursos económicos en zonas que no tendrán un resultado positivo, tal como se hizo” sostuvo.
La autoridad originaria indicó que la denuncia penal presentada en contra del gobernador es porque infringió el artículo 30 de la Constitución Política del Estado que trata del respeto de los pueblos indígenas, originarios, señaló que se violó este artículo porque la primera autoridad departamental tomó posesión de terrenos según usos y costumbres en Khasa Huasa-Jiquilla y después dijo que no se emplazará en este lugar el Puerto Seco.
Además de haber invertido recursos económicos sin resultados, y por haber discriminado y calumniado a las comunidades de Khasa Huasa y Jiquilla.
En tanto el fiscal de materia Anticorrupción, Hugo Carrasco explicó que en fecha 7 de septiembre se comenzó un proceso penal en contra de Arturo Murillo, ex responsable del proyecto, que fue ampliado en contra del actual gobernador, Santos Tito por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio (ofrecer o aceptar dádivas) y concusión (exacción ilegal), toda vez de haber cambiado de manera arbitraria el lugar donde debería ser construido el Puerto Seco.
Señaló que ante esto los comunarios se ven afectados en sus intereses e identifican un daño económico de 37.400 bolivianos respecto a la realización de pozos para el muestreo de suelos, además de 27 mil bolivianos invertidos en el acto de posesión de terreno.
Manifestó que en este sentido se emitió una orden de citación al gobernador con anterioridad que no fue expedido y hoy (ayer) se emitió otra orden pero tampoco se le pudo entregar, por tanto se dispondrá notificarle en su domicilio real para que pueda venir al ministerio Público y explicar cuáles son los motivos fundados y legales que hicieron que se cambie el lugar donde debía construirse el Puerto Seco.
Fuente: LA PATRIA
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