Las acciones totalmente arbitrarias que asumen gran parte de los sectores sociales de la comunidad cuando confrontan problemas, como el reciente “cerco” a la ciudad de Oruro, en realidad es una obstrucción directa a los derechos de las personas y un atentado a la libertad de locomoción, lo que significa vulnerar disposiciones en vigencia y por tanto cometer un delito que necesariamente debería ser penado por ley.
Las movilizaciones sociales como se presentan tienen una serie de connotaciones sumamente peligrosas, pues derivan en una afectación directa de los derechos ciudadanos creando daños en algunos casos irreparables y generando perjuicios cuyos resultados no pueden medirse en la simple proporción material, sino también moral y hasta sicológica, si se trata por ejemplo de pequeños o jóvenes estudiantes que salen de sus hogares con las monedas justas para llegar a su plantel educativo y retornar a casa, encontrándose en el retorno con bloqueos que obligan a largas caminatas o al uso obligado de movilidades de servicio público que instalan un modelo de transbordo al que algunos estudiantes ya no pueden acceder por falta de monedas que se agotaron en la pretendida esperanza de sortear los salvajes bloqueos.
Hay otra serie de amargas circunstancias, como las que confrontan personas con problemas de discapacidad o enfermos que no pueden llegar a centros de asistencia médica, porque la protesta sectorial de insensibles protagonistas de las medidas de presión vulnera los derechos de la mayoría ciudadana.
Los bloqueos, las marchas persistentes, el abusivo uso de petardos y hasta de cachorros de dinamita son un atentado a la seguridad ciudadana, pone en riesgo la integridad de todas las personas que sufren las contingencias de las protestas, pero el peligro es latente para segmentos ciudadanos como los pequeños estudiantes, ciudadanos de la tercera edad y las amas de casa, algunas con criaturas en brazos o en la espalda, además de cargar bolsas con lo poco que se adquiere en los también restringidos centros de abasto.
Se trata de un caos total por la presión de algunos grupos que hacen prevalecer sus reclamos sectoriales afectando a miles de personas, casi siempre ajenas al problema que ocasionan los protagonistas de las variadas formas de protesta, que en muchos casos se prolongan más de una jornada sumando daños e inconvenientes a la comunidad en general.
Las autoridades entran en la espiral del caos, pero su ubican en un punto equidistante entre los que protestan y entre los que sufren los efectos de las medidas, esas que precisamente no hacen mella en la integridad personal tampoco institucional de esa administración pública que por sus características de servicio, llámese gobernación o alcaldía u otra instancia de servicio popular, deberían evitar los problemas, atendiendo los requerimientos sectoriales, especialmente si son advertidos oportunamente.
Las autoridades tienen la obligación de evitar problemas a la ciudadanía hay necesidad de que se garanticen los derechos de las personas, aplicando medidas de emergencia cuando se producen bloqueos o marchas violentas de modo que los ciudadanos más vulnerables al efecto de esos trajines puedan sentirse mínimamente resguardados por planes de contingencia que desarrollen efectivos policiales y/o militares, dentro de sus tareas de preservar la seguridad ciudadana, castigada por “cercos” de insensibilidad sectorial e imprevisión de autoridades.
Fuente: LA PATRIA
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