Una ley sin consenso que daña a los trabajadores, al Estado y a los medios de comunicación

El pasado Jueves la Cámara de Diputados aprobó la Ley de “Seguro de Vida contra Accidentes y Enfermedades de las y los Trabajadores de la Prensa”. Nuevamente, haciendo abuso de su mayoría parlamentaria el MAS aprueba una ley sin ninguna consideración ética y moral, y carente del consenso necesario de todos los involucrados.

Una vez entendido el espíritu de la ley, que pretende ser positivo, porque se trataría beneficiar a un grupo de trabajadores de la prensa que no tiene la protección de una empresa responsable y que en el ejercicio de su profesión a veces corren riesgos que podrían incluso poner en peligro sus vidas. Por eso se procura dotarles de un Seguro de Vida, que cubra las eventualidades de accidentes y enfermedades. Se entiende que este seguro cubriría enfermedades que no se encuentren atendidas por la CNS u otros servicios de salud que NO atiende el Estado.

Se supone que una ley debe contribuir al BIEN COMUN o por lo menos beneficiar al grupo que se usa como pretexto para crear la norma. Contrariamente, esta ley PERJUDICA a los trabajadores y paralelamente va en desmedro de los intereses del estado en consecuencia contra el interés colectivo.

En el artículo Fuente de Financiamiento impone como tributo el 1% de los INGRESOS BRUTOS de medios de comunicación para costear el proyecto.

Efectuado un minucioso análisis matemático contable, encontramos que gravar a los INGRESOS BRUTOS, perjudica tanto a los trabajadores como al Estado. Cuando se descuenta a los ingresos brutos la contribución al Fondo Privado (Fondo de Financiamiento del Seguro Privado para las y los Trabajadores de la Prensa), creado por la Ley, se reduce la Prima Legal que es un Beneficio Social consolidado a favor de los trabajadores establecido en el Capítulo V Art. 57 de la Ley General del Trabajo y Capítulo V. Artículos 48, 49 y 50 del Decreto Reglamentario.

Esta disminución es inversamente proporcional a las utilidades de la empresa, a menores utilidades mayor es el porcentaje que se descuenta de la Prima del trabajador, hasta que no queda nada para el trabajador.

Lo mismo ocurre con la participación del Estado a través del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), la contribución al Fondo Privado se lleva una parte importante de los recursos que actualmente se pagan a favor del Tesoro General de la Nación (TGN).

Obviamente también afecta negativamente a las Utilidades de la empresa, debilitando a la misma impidiendo su desarrollo y crecimiento, inclusive en algunos casos ocasionándole insufribles pérdidas, que a la larga ocasionarían la quiebra y cierre definitivo, en consecuencia provocaría desempleo y la pérdida de fuentes de empleo para los trabajadores.

Por lo expuesto queda demostrado que es una ley que PERJUDICA AL TRABAJADOR, porque vulnera un beneficio consagrado y que percibe regularmente a través de la Prima Anual, quitándole esos ingresos a favor de un beneficio aleatorio, que el trabajador solo percibirá en caso de muerte o accidente.

Tal como está planteada la ley, daña a las empresas más débiles, emergentes o en crecimiento y contrariamente afecta en menor grado a las pocas empresas altamente eficientes en el control de costos, independientemente de su tamaño. Liquida a las empresas menos lucrativas provocando pérdidas y serios aprietos económicos, esto ocasionará una contracción en los medios de comunicación, donde sobrevivirán solo unos pocos, y entre estos pocos, los privilegiados por el gobierno: radios indígenas y los que fueron adquiridos para el MAS por unos anónimos “venezolanos”.

La ley proyectada es DISCRIMINATORIA porque determina que los medios de las comunidades indígenas originario campesinas, solo deben aportar el 0,25 % de sus ingresos brutos, lo cual constituye discriminación por origen étnico y de clase, contradiciendo el espíritu de la Ley 045 (Contra toda forma de discriminación), pues por principio jurídico no pueden ser válidas dos normas contradictorias. De la misma forma niega el principio de IGUALDAD, al que deben sujetarse las leyes en un estado de derecho.

Lo correcto es que el aporte sea conforme a las UTILIDADES NETAS y que todos, incluidos medios de comunicación de comunidades indígenas originario campesinas, deben pagar en el mismo porcentaje sin discriminación de ninguna clase.

La composición del CONSEJO DIRECTIVO para el manejo del Fondo Privado es totalmente asimétrico a favor del Gobierno y los sindicatos de trabajadores, que no aportan nada. Es indispensable recomponer esta estructura para que las empresas que aportan y quienes pagarán todo el proyecto tengan una representación mínima del 50% en el directorio.

En palabras vulgares, los que ponen el dinero, deben tener algún control sobre la forma en la que se gastan los recursos. Entonces tendrían que incorporarse al directorio, también representantes de la ANP (Asociación Nacional de la Prensa), ASBORA (Asociación Boliviana de Radioemisoras) y por lo menos un representante de las emisoras de Televisión. Igualmente sugerimos reducir la participación de la Confederación Nal. De Trabajadores de la Prensa, para incorporar a la ANPB (Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia) y Colegio de Comunicadores, como parte de la representación laboral.

Existe una desproporción abismal entre los recursos que se generarían a través de la confiscación del 1% de los INGRESOS BRUTOS de las empresas y el costo de mercado para las primas de seguro por accidentes y muerte. Se estima que el mencionado “Fondo Privado” recibirá una suma por lo menos cinco veces superior a lo necesario para contratar los seguros contra accidentes y enfermedades para todos los trabajadores de la prensa. El resto se gastará discrecionalmente “por decreto”. Por las experiencias históricas de como manejan los recursos los gobiernos sabemos que se derrocharán en burocracia y corrupción. Una invitación abierta a la malversación, que puede darse tal vez no ahora, pero si en el futuro.

Además de la manera en que esta propuesto el proyecto de ley, al ser un FONDO PRIVADO, el manejo de los recursos no está sujeto a ninguna fiscalización, ni intervención de los mecanismos de control del estado como la Contraloría o el TGN y mucho menos de las empresas que aportan el dinero. No se cumple con el principio de TRANSPARENCIA enunciado desvergonzadamente en el Artículo 2 de la Ley.

Además, establece muy genéricamente que será un seguro para “salud y enfermedad”, pero no dice de qué forma y qué enfermedades cubriría. La salud y enfermedades de todos los trabajadores, por ley, están atendidos por la Caja Nacional de Salud CNS y otros servicios de salud que mantiene el estado, a los cuales aportan mensualmente los trabajadores y las empresas. Entonces, decir muy a la ligera que se atenderá a la salud y las enfermedades de los trabajadores de la prensa sin especificar cuáles, constituye una duplicidad de los servicios y funciones de la CNS, la cual, mantienen los trabajadores y las empresas con su esfuerzo, se trata de una injusta doble tributación. Erogar recursos dos veces con el mismo fin.

Otra vez, se despilfarrarían y malgastarían los recursos que se ha confiscado poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas.

Doble tributación: La ley que analizamos, no cumple el principio y precepto aceptado universalmente de justicia tributaria según el cual no se debe pagar dos veces por el mismo concepto ni pagar un tributo sobreponiéndose otro tributo. Un impuesto del impuesto.

Todos los ingresos de una empresa están gravados con el Impuesto al Valor Agregado IVA y el Impuesto a las transacciones IT, representando un 16% de los ingresos brutos, quedando para la empresa el 84% de los ingresos generados. La ley “Hermanos Peñasco Layme” grava los Ingresos Brutos, o sea que se debe tributar también sobre ese 16% que ya se pagó a favor del estado. Dispone entonces una inaceptable doble tributación que inequitativamente va en desmedro de los medios de comunicación.

Además de estos tributos, las empresas pagan al Estado el 25% de sus Utilidades. La ley propuesta, que grava el 1% de los Ingresos Brutos, para colmo, se lleva gran parte de de las Utilidades remanentes. Otra doble tributación.

La actualización de las listas de beneficiarios serán elaboradas de manera unilateral por la Confederación y Federaciones de Trabajadores de la Prensa, representando un ultraje excluir a otras respetables agrupaciones gremiales como las Asociaciones Departamentales de Periodistas, ANP y ASBORA, para que este beneficio llegue no solo a los afiliados a los sindicatos. Como está planteadla ley se discrimina a los periodistas y trabajadores de la prensa que no son afiliados a los Sindicatos de la Prensa, quienes no recibirán el beneficio del seguro, pese a que la afiliación a cualquier sindicato o colectividad es constitucionalmente voluntaria. Sin embargo absurdamente, se menciona a “productores independientes y autogestionarios”, como “fuentes de financiamiento”. Es decir, deben pagar pero no pueden ser beneficiarios.

El destino de las disponibilidades del fondo una vez cubiertas las primas del seguro de vida contra accidentes deberían abonarse en favor de las empresas como Crédito Fiscal y no ser malgastadas o malversadas “por decreto”.

Comentario final: Por los argumentos expuestos la Ley de ninguna manera cumple el propósito anunciado como justificación de la misma, en lugar de beneficiar a los trabajadores de la prensa, les perjudica y merma sus ingresos, existen muchas otras formas de lograr el propósito de dotar un seguro de vida y accidentes a los trabajadores además este beneficio debería ser extensivo a otros trabajadores que también desempeñan labores riesgosas, ejemplo: policías, mineros, enfermeros, vigilantes, taxistas, etc. El gobierno aprovecha la falta de seguridad ciudadana y el temor que provoca entre los ciudadanos esta inseguridad, para justificar una ley que tiene otro propósito. La Seguridad Ciudadana es una importante responsabilidad del gobierno y debe ser para todos no solamente para el sector de la prensa, pero con esta ley el gobierno quiere transferir la responsabilidad a los medios de comunicación y beneficiar discriminatoriamente a un solo sector de trabajadores sindicalizados, alentando el separatismo y los prejuicios.

La LEY DE SEGURO DE VIDA, CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA “Hermanos Peñasco Layme” indiscutiblemente perjudica a los trabajadores a quienes supuestamente pretende beneficiar, pero además perjudica al Estado al mermar sus ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa. ¿Será posible que se hubiese aprobado una Ley va en contra de los intereses del trabajador y del Estado, restándole ingresos para entregárselos a un FONDO PRIVADO de dudosa administración?? En los hechos es una privatización de dinero que actualmente reciben los trabajadores y el estado, para favorecer a un grupo sindicalizado y el resto dilapidarlo “por decreto”.

La forma racional es que cada empresa contrate por su cuenta un seguro de vida y contra accidentes para sus trabajadores, como ocurre ya en varias empresas.

La ley mañosamente aprobada es inviable porque vulnera todos los principios fundamentales del ordenamiento jurídico donde los proyectistas demuestran una alarmante ignorancia de las leyes vigentes, o tal vez, es intencional ese desprecio por la justicia, equidad e igualdad que en los hechos trasunta la mencionada ley.

El efecto de esta Ley será una concentración de medios echando por los suelos el pluralismo informativo, dañando la libre difusión del pensamiento, la libertad de expresión y la democracia.