Los últimos acontecimientos violentos que volvió a vivir el país con acciones de cooperativistas mineros y trabajadores asalariados de Comibol, antes obreros de la empresa Sinchi Wayra, son producto de incongruencias del Gobierno del MAS, liderado por Evo Morales, que no tiene ningún plan adecuado porque está rodeado de gente inexperta en la administración estatal, junto a supuestos “expertos” que manejan los ministerios de Minas y Trabajo y la corporación Minera de Bolivia, instituciones que están ausentes de la realidad metalúrgica, al no encontrar el proceso regulable que asegure una acción óptima para manejar el importante rubro como es la minería que, junto a YPFB deben ser las bases de la economía.
Héctor Córdova, como presidente de Comibol fracasó, por ser marginado que solamente cumple la docencia universitaria, sin haber ingresado a interior mina. El ministro de Minería, Mario Virreira, tampoco es referente adecuado para el cargo, menos capaz el ministro de Trabajo, David Santalla, distante de la actividad al ser un exdirigente fabril de opacada gestión.
Otros botones de la ineficiencia son: el actual gerente de Comibol en Oruro, el arquitecto Pimentel, hermano de José, exministro de Minería que fracasó en su gestión; y por qué no podemos referirnos a Alberto Echazú, también exministro, hoy manejando 400 millones de dólares, para impulsar la explotación litio en el salar de Uyuni, fue alumno de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) por más de 15 años sin poder egresar, al estar permanentemente ligado a movilizaciones callejeras. Él afirma haber recibido un título en el exterior.
Estas gentes, los asesores, como exdirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (Fstmb) y de la COB, actualmente ligados al Gobierno, desde hace más de 20 años no mantienen contacto con las minas, perdiendo rumbo en la forma de preparación, prospección, explotación y refinamiento de minerales; pero, hoy son los que manejan la minería.
Lo que llama la atención cuando comenzaron las acciones violentas de cooperativistas que incursionan sobre la veta “Rosario” y la reacción de asalariados de Colquiri, aparece el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sin la capacidad para resolver el problema porque aquel funcionario más sabe de contrabando al estar supuestamente implicado cuando ingresaron clandestinamente al país 33 vehículos motorizados de alto tonelaje.
El problema llega a manos del ministro de Gobierno, Carlos Romero y su viceministro, Jorge Pérez, fracasando ambos porque no conocen la forma de laboreo en interior mina y en qué consisten las vetas de diferentes minerales. Las dos autoridades se convertían en simples amigables componedores, para pasar los platos rotos a otros dos ministros.
En Oruro dialogaron sólo con cooperativistas los ministros de Minas, Virreira, y de Trabajo, Santalla, quienes firman un documento insustancial repartiendo el 50 % de explotación a los dos sectores en pugna, documento rechazado por asalariados de Colquiri, sabiendo que es “peligroso y engañoso”, conociendo la experiencia vivida al trabajar en la veta “Potosí” dos brazos distintos e irreconciliables.
Las autoridades de gobierno no sé si habrán analizado que ningún grupo cooperativista tiene una planta procesadora (ingenio) para tratar los minerales, falencia que sólo les permite explotar y vender el producto a “rescatadores”, aportando al Estado Plurinacional el 1 % sobre el valor de las concesiones mineras a Comibol y olvidarse de otros impuestos que rigen las leyes.
Este panorama que vive el país obliga a pesar que no tenemos capacidad para regular la administración y producción minera, como tienen nuestros vecinos: Perú y Chile, donde existen programas completos para explotar sus recursos en forma sistematizada, mientras nuestra nación, si aún existe Comibol, no tiene una verdadera ley minera y la regulación sobre las cooperativas, mientras tanto continuarán los conflictos, aunque en últimos días surgió un frágil convenio entre partes en conflicto.
(*) Periodista
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