Ley “Hermanos Peñasco Layme” ¿neoliberal o populista?

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La Ley de Seguro de Vida Contra Accidentes y Enfermedades de las y los Trabajadores de la Prensa “Hermanos Peñasco Layme”, aprobada en grande y detalle por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el reciente 3 de octubre, aparentemente con tinte populista, afecta directamente los intereses del Estado, los ingresos de las y los trabajadores de la prensa y está orientada a aniquilar a los medios de comunicación menos eficientes, generando una peligrosa concentración de poder en unos pocos medios sólidos.

ANTECEDENTES

El artículo 4 de dicho proyecto de Ley, crea el Fondo de Financiamiento del Seguro de Vida PRIVADO para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa, con la finalidad de cubrir la prima del seguro de vida, accidentes y enfermedades en general para dicho sector.

El artículo 7 dice: “Los recursos del Fondo creado a través de la presente Ley, serán destinados a la contratación de pólizas de Seguro de Vida contra accidentes y enfermedades para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa de Bolivia. El uso de las disponibilidades del fondo, luego de ser cubiertas las primas del seguro de vida contra accidentes y enfermedades, previa evaluación y aprobación del Directorio será destinado a prestaciones de salud y será reglamentado mediante Decreto Supremo…”.

Éste es un fondo PRIVADO que tiene la finalidad de contratar seguros PRIVADOS y el excedente será destinado por decreto; sin embargo, es importante resaltar de dónde se generan los recursos para su mantenimiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuando el proyecto de Ley se refiere a los ingresos brutos, significa que el aporte no sólo viene de los medios de comunicación, sino también del Estado y de los trabajadores. El monto del aporte varía en función del nivel de eficiencia* que tenga el medio de comunicación (Véase el cuadro 1).

APORTE DE LOS TRABAJADORES

El artículo 48 del Reglamento de la Ley General del Trabajo establece: “Las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados y obreros una prima anual no inferior a un mes de salario”. El artículo 49 complementa: “En ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar del 25 % de las utilidades netas… si dicho 25 % no alcanzase a cubrir el monto de las primas, su distribución se hará a prorrata”.

Es decir, que al reducirse las Utilidades Netas de una empresa, también se reduce la prima, por ejemplo, en una empresa con un nivel de eficiencia del 1 %, los trabajadores que comparten el 19 por ciento de las Utilidades Brutas, con la Ley no recibirían nada; con un nivel de eficiencia del 5 % aportan el 21 % de su prima; y en una empresa muy eficiente con un nivel de 15 % aportan el 10,5 % de su prima.

Para simplificar, una persona que trabaja en un medio impreso con un total ganado de tres mil bolivianos (Bs. 3.000.-) aporta al fondo mil setecientos treinta y seis bolivianos (Bs. 1.736.-) es decir más de la mitad de su prima.

APORTE DEL ESTADO

Al igual que con las y los trabajadores, el Impuesto a las Utilidades de Empresas se reduce, en mayor o menor proporción dependiendo de la eficiencia de las empresas. La suma de ingresos NO PERCIBIDOS por el Tesoro General de la Nación por este concepto, afecta el presupuesto del Estado en beneficio de un fondo PRIVADO y en desmedro de todos los bolivianos.

El Consejo Directivo que decidirá el destino de los fondos (que serán varios millones de bolivianos), estará integrado por 6 representantes del Gobierno, 2 de los medios de comunicación y 3 de la Confederación de Trabajadores de la Prensa; no olvidemos que los excedentes se destinarán por Decreto Supremo.

Se puede observar una marcada asimetría entre los representantes de los generadores de recursos y los que decidirán el destino de los mismos; además al ser un fondo PRIVADO, el destino del dinero no está sujeto a controles por parte de instituciones de fiscalización del Estado, como la Contraloría.

La desproporcionalidad entre el dinero que ingresará al fondo y el precio de los seguros de vida, accidentes y enfermedades, con las características mencionadas en el proyecto, generarán excedentes, que sumados a las condiciones dadas en el párrafo anterior, podrían dar lugar al uso discrecional de recursos, que actualmente pertenecen a las y los trabajadores de la prensa, y al Estado Plurinacional de Bolivia.

APORTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como se puede observar en el cuadro 1, las empresas con niveles de eficiencia bajos, es decir entre el 1 % y el 4 %, ven afectadas sus utilidades en forma significativa, corriendo el riesgo de desaparecer a corto plazo, sin importar qué tan grande o pequeña sea; es decir, un medio de comunicación que mueve 1 millón de dólares por concepto de ingresos al año y con un nivel de eficiencia del 2%, está condenado a desaparecer, al igual que un medio de comunicación con el mismo nivel de eficiencia, que mueve tan sólo 20 mil dólares al año.

Los riesgos inmediatos para nuestra sociedad son: desempleo para las y los trabajadores de la prensa, y una peligrosa concentración de poder mediático, en unas pocas empresas de comunicación, sean estas públicas o privadas (oligopolio de la información).

PENSAMIENTO FINAL

El espíritu del Proyecto de Ley es positivo desde todo punto de vista, pero ¿cree usted prudente poner en riesgo los pilares fundamentales de la democracia (libertad de expresión y libre acceso a la información), para financiar un fondo privado?; cuando simplemente se podría obligar a los medios de comunicación a contratar seguros privados para sus trabajadores y verificar su cumplimiento a través de autoridades competentes como la Dirección General del Trabajo…

Estimado lector, dejamos la pregunta abierta para que sea usted y la historia, quienes juzguen la aprobación de este Proyecto de Ley.

Fuente: LA PATRIA