El libre albedrío de los bloqueos viales ¿y la Ley?
05 oct 2012
Por: Mario Panique Bojanovich
Aunque transitoriamente ha pasado el tormento de los bloqueos que mantuvieron paralizado a la mitad del sistema vial del país, subsiste el temor de que lo imprevisible vuelva a desatarse en cualquier instante. Lamentablemente, el bloqueo de carreteras se ha vuelto un instrumento de uso común para todo ciudadano insatisfecho. Lo peor de todo es que los 16.028 kilómetros de la red vial fundamental que surcan el país, están a expensas de los bloqueadores que entienden que la única manera de resolver cualquier demanda, es mediante esta medida.
Hablando en términos médicos, convengamos en que una carretera es como una arteria del sistema sanguíneo del cuerpo humano. ¿Si una arteria se obstruye? Habrá riesgo de accidente cardiovascular que puede paralizar al resto del cuerpo. Pues bien, pongamos que el corazón se nutre de la economía que circula por el país, el gobierno vendría a ser –salvando diferencias claro- el cerebro que precisa de ese oxígeno que se mueve a diario y que gracias a ello comanda al resto, pero si no llega oxígeno al cerebro puede ocurrir un colapso en todo el sistema. En otras palabras, bloquear una carretera es igual al suicidio colectivo.
Recordemos que durante la década de los noventas, los cocaleros usaron el método del bloqueo con una frecuencia alarmante. Primero como simple instrumento de protesta, luego como el arma que les permitiría secuestrar la democracia para maniobrarla a su antojo camino al Palacio de gobierno. Quienes bloqueaban la ruta dirigidos por el ahora Primer Mandatario, se oponían a cualquier control gubernamental sobre los cultivos excedentarios de las hojas de coca. Pese a la presencia del programa de desarrollo alternativo que formó parte de las políticas de lucha contra las drogas ilegales y estaba destinado a generar otras oportunidades económicas a los campesinos que producen las materias primas, los cocaleros continuaron extendiendo sus nuevas plantaciones ilegales alentados por el narcotráfico. De 12.000 hectáreas legales hoy superan las 31.000 hectáreas de cultivos, de los cuales sólo se redujeron un 12 %).
La situación es recurrente en todo el sistema vial del país, es decir, nadie puede viajar con la seguridad de llegar a su destino según su propia planificación. El bloqueo pasó de ser una simple medida, a una protesta de coerción violenta, con exigencias que deben cumplir municipales, departamentales o nacionales.
Como siempre, las pérdidas ocasionadas por la irracional de la medida de un sector, afecta la economía de cientos de miles las personas perjudicadas que poco y nada tienen que ver con el conflicto. Según datos estadísticos, los más afectados en este tipo de medidas son los exportadores, el transporte y el turismo. Las pérdidas ascienden a más de 160 millones de dólares. Como se puede ver, el daño es sin duda inconmensurable.
Pese a que existen instrumentos jurídicos como la Ley de Carretera, Ley General del Transporte, Sistema Nacional de Carretera D.S. 25134 o la CPE, destinados a garantizar la libre transitabilidad en el sistema vial del país, nadie los cumple. Urge debatir sobre la creación de alguna otra medida que sancione penalmente cualquier acción de obstruir o bloquear cualquier camino o carretera del sistema vial, ya sea fundamental, departamental o municipal. Por lo que se sabe, actualmente nadie es sancionado penalmente al final de algún conflicto social donde la medida fue el bloqueo de alguna carretera. Si no existe algún tipo de correctivo, seguiremos poniéndonos zancadillas entre nosotros y de paso al desarrollo que de por sí, se proyecta a marcha lenta frente a otras realidades vecinas. No existe forma de combatirlos porque el correctivo, que es la ley, no se la aplica quizá ¿por temor, pero a quien?
Tomado de hoybolivia.com
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