Hay que insistir en este tema de la concertación entre partes en conflicto para evitar que el desborde de las presiones sociales se amplíe a la población en general que sufre las consecuencias de bloqueos, marchas, represión con agua y gases, inclusive con balines. Lo recomendable es prevenir cualquier exceso por la vía del diálogo serio, responsable y fluido.
Estamos observando una serie de hechos que no acaban de solucionarse pese al interés que ponen algunas autoridades del Gobierno, no todas, pero por lo menos las principales, para restablecer las condiciones de trabajo y sobre todo las de pacificación entre partes en pugna, como el caso de la mina Colquiri, donde los acuerdos son aceptados aunque no satisfacen las verdaderas expectativas de una de las partes, lo que mantiene en vilo a las autoridades.
Hay otros problemas más en el caso del sector minero, como una reactivación de las presiones de comunarios en Mallku Khota amenazando nuevamente con movilizaciones y naturalmente con avasallar la propiedad ahora estatal, pues la importante concesión minera, posiblemente más rica que la de San Cristóbal, también en Potosí, está ahora bajo control de la Comibol.
A propósito de Potosí hay un pliego petitorio que no se atendió oportunamente y ahora produce reacciones lógicas de una comunidad que se siente olvidada por el Poder Ejecutivo, al que demanda la solución de varios problemas, entre esos uno que tiene que ver con límites territoriales y precisamente con Oruro.
Es otro caso el que también en Oruro preocupa a las autoridades, pues pese a muchos intentos de alcanzar acuerdos de pacificación y establecer condiciones apropiadas para revisar y definir la cartografía de la zona en conflicto en el norte potosino, extremo sur de Oruro, no se avanzó positivamente en el asunto y en la actualidad es motivo de movilizaciones en ambos distritos.
Los problemas no faltan, las soluciones escasean, las peticiones en diferentes niveles de la comunidad son permanentes y los mediadores ya no atinan a establecer condiciones favorables de prevención lo que ocasiona el desborde de las presiones con todas sus negativas consecuencias.
Si hay algo que todavía prevalece en el país es la predisposición ciudadana al diálogo, aún a regañadientes, pero finalmente acordando intercambiar ideas en un ambiente de paz, antes de llegar a las calles, situación que es resultado de algunas extensas negociaciones mal conducidas por mediadores políticos antes que por políticos técnicos.
Una vez más hay que incidir en que en muchas negociaciones hay ausencia de mecanismos preventivos, tanto así que muchos problemas “pequeños” en su condición inicial se agrandan sólo por falta de tino en los negociadores, lo que causa molestia de los reclamantes que precipitan sus reclamos y los convierten en presiones que se cumplen en las calles e involucran en su desarrollo a quienes nada tienen que ver con situaciones que pudieron ser prevenidas con oportuno trabajo de concertación.
Aquí estamos en la condición de ciudadanos presionados por otros ciudadanos porque las autoridades no pueden arreglar los problemas por falta de una cultura de concertación, diálogo, deliberación pacífica, oportunidad en el tratamiento de las demandas, disposición a la remediación, sin dar paso a la confrontación, es decir que nos faltan especialistas para atender los conflictos en todos los ámbitos de la comunidad.
Fuente: LA PATRIA
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