Mina Colquiri nunca dejó de ser estatal

El disputado yacimiento de la mina Colquiri siempre fue estatal preservando ese derecho propietario la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol), siendo así que la Comibol garantizaba sus ingresos económicos a través del pago de utilidades por el riesgo compartido que mantenía con la empresa minera Sinchi Wayra, filial en Bolivia de la compañía suiza Glencore, habiendo denunciado también pérdidas a raíz del conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas.

La ilegal toma de la mina Colquiri ocasionó una pérdida diaria calculada en 30.000 dólares a la empresa minera estatal, eso debido a la paralización de las tareas de explotación de minerales complejos con alto contenido de estaño, por el daño emergente y lucro cesante, como denunciaron autoridades de la Comibol al buscar una salida efectiva al conflicto que dejó una treintena de heridos y un muerto.

En resumen la veta es de propiedad de la Comibol y estaba operada bajo contrato de riesgo compartido por la empresa Sinchi Wayra, filial en Bolivia de la compañía suiza Glencore, por lo que no existe razón para su “nacionalización” eufemismo que se ha puesto de moda en la administración de gobierno del Presidente Evo Morales, para significar la recuperación de las empresas que fueron vendidas que como el caso de la Metalúrgica Vinto, sólo quedó en la nacionalización.

Pese a los anuncios del Gobierno no se sancionó a nadie por la discrecional venta en 14,7 millones de dólares, cuando la fundidora estatal costaba 83 millones de dólares con un patrimonio neto de 52,7 millones de dólares, sin tomar en cuenta que al momento de su venta, el 24 de diciembre de 1999 durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, tenía un flujo en caja y bancos, dinero efectivo, materiales, inversiones y bienes por 21,6 millones de dólares, según balance al 31 de diciembre de 1999, auditado por la Consultora Berthín Amengual.

Con la “nacionalización” todo quedó en el olvido y ahora incluso algunos funcionarios que fueron parte del equipo que liquidó y operó la venta de la Fundición de Vinto, cumplen tareas de gran responsabilidad como ejecutivos en la principal empresa de la minería estatal, lo que supone que tampoco habrá una investigación por lo ocurrido en Colquiri, puesto que ya se logró una “solución” y se negoció la explotación de la veta Rosario por parte de los mineros asalariados y los cooperativistas.

Empero las autoridades del Poder Ejecutivo no deben dejar de lado la urgente necesidad de potenciar la minería privada que es la que tiene credibilidad y además genera importantes ingresos para el país, tomando en cuenta que la producción de las empresas San Cristóbal y Sinchi Wayra, determina el 74 por ciento de la producción nacional, mientras que las empresas estatales que están explotando los yacimientos de Huanuni y Colquiri registran un aporte del uno por ciento y las cooperativas producen el 25 por ciento, de acuerdo a las estadísticas que se conocen del análisis realizado en la gestión 2010.

La mayor inversión del Gobierno debería ser en minería para lograr una reactivación y la generación de fuentes de empleo, esto con la finalidad de evitar nuevos enfrentamientos a causa de avasallamientos y por la disputa que genera la riqueza no renovable, que se tiene en grandes reservas ya cuantificadas pero no positivisadas para la producción que le reportaría importantes ingresos al país, en función de la tasa de retorno de la inversión realizada.

Países vecinos apostaron por la minería de gran escala y tienen ingresos que permiten encarar proyectos de magnitud y superar los niveles de pobreza, mejorando además la calidad de vida de su población, mientras en Bolivia todavía estamos en la etapa de la disputa de yacimientos que nos dejan dolor y luto por los enfrentamientos, como el ocurrido el año 2006 en Huanuni que dejó un saldo de 16 muertos y un centenar de heridos por disputas entre mineros asalariados y cooperativistas, situación que recién volvió a repetirse en Colquiri.

Ojalá la visión gubernamental no se nuble y pueda ver al horizonte para darse cuenta que existen potenciales reservas mineras que esperan su pronta explotación para generar riqueza que además garantice una sana convivencia entre producción minera y naturaleza que nos ofertan importantes empresas internacionales que quieren invertir para apoyar al crecimiento económico y social del país. Tenemos que aprovechar el auge de la minería, por los precios referenciales, lo contrario será sumirnos en la pobreza y esperar que algún día alguien nos tienda una mano.

(*) Periodista