Lo que sucede en Oruro está fuera de la comprensión lógica de quienes saben con toda seguridad que las propuestas que aquí se originan para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes son favorables para otras regiones, menos a la nuestra. El hado no es propicio para ésta tierra de gente laboriosa, pero también pasiva y conformista.
Está claro que hasta en la explicación etimológica se coincide en los hechos, cuando se habla de una fuerza que obra irresistiblemente sobre los hombres y los sucesos si de suerte se trata es lo que nos sucede con el discurso del tiempo, es un orden de causas encadenadas unas con otras, que necesariamente producen su efecto y que en la realidad que vivimos es parte de un “hado desgraciado”.
No es que dramaticemos la circunstancia que enfrentamos actualmente y que nos muestra con hiriente realidad, ese destino que nos envuelve y que permite impulsar circunstancias positivas más allí de nuestra jurisdicción. Hay que decirlo claramente, fue en Oruro donde se perfilaron las primeras “leyes de incentivo” al crecimiento industrial, proponiendo exenciones tributarias por tiempos definidos para tentar el asentamiento de industrias y el aporte de capitales y tecnología en el Parque Industrial de Oruro.
Hasta tres leyes fueron proyectadas justamente para impulsar el desarrollo departamental, corrieron los trámites iniciales y después de mucho esfuerzo, presiones y conminatorias se logró su parcial aprobación, lamentablemente sin entrar en vigencia por la falta de los pertinentes “decretos reglamentarios”, tarea en la que no se interesaron las decenas de parlamentarios que calentaron los curules, olvidando sus responsabilidades para garantizar el desarrollo industrial del distrito.
El asunto por lo visto era de mero trámite, que cumplieron denodadamente autoridades de la ciudad más joven del país, El Alto con ayuda de algunos parlamentarios paceños que lograron la aprobación de leyes “especiales” fomentando la instalación de industrias y creando miles de empleos y acelerado el crecimiento de la región. Recientemente asambleístas del valle lograron la emisión del D. S. 1349 que reglamenta la Ley 3420 declarando “Zona Económica Especial al Trópico de Cochabamba”, que se beneficiará con la exención de Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE), Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de maquinaria y equipos para la instalación de industrias, además se libera del pago del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto a la Propiedad de Bienes, por periodos de entre 3 y 10 años, lo que realmente significa un gran incentivo para captar inversiones industriales de magnitud.
Toda la referencia tributaria es parte de las leyes propuestas por Oruro en pos de mejorar su condición industrial, además de sugerir la reglamentación pertinente que ahora favorece de manera directa al Trópico de Cochabamba, como antes sucedió con parte de esas medidas en El Alto de La Paz.
Y no es que exista oposición a que otros distritos puedan delinear sus proyectos de desarrollo industrial, claro está con una acción responsable y dinámica de sus parlamentarios y de sus autoridades, es lo que no se ha hecho en Oruro y que debería enmendarse en el marco de equidad y justicia con un seguimiento pertinaz, efectivo y serio que se traduzca en la aprobación de las normativas suficientes para encarar también el desarrollo de ésta región. Hay que cambiar el hado para hacerlo propicio al interés colectivo en Oruro.
Fuente: LA PATRIA
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