Una serie de problemas que confronta nuestro departamento y los perjuicios consiguientes son el resultado de no contar con una cartografía oficialmente reconocida y aprobada en la que se reconozca su territorialidad original sin distorsiones y sin que se altere ni un sólo metro de la superficie que desde su creación fija límites y los derechos adquiridos sobre su territorio.
Lamentablemente condiciones adversas y situaciones irregulares que se produjeron en pasadas gestiones y avaladas indirectamente por prefectos incompetentes dio lugar a que se altere el mapa de territorio y se afecten comunidades que siempre fueron orureñas y que ahora podrían ser reconocidas en la vecindad de otros departamentos, con los daños consiguientes a derechos de propiedad y a la economía departamental.
Se ha señalado que el Instituto Nacional de Estadística, INE, estaría preparando su operativo del próximo censo utilizando un mapa distorsionado y rechazado por la colectividad orureña, pues hay un atrabiliario cercenamiento del territorio, restando kilómetros de superficie y desconociendo el origen de varias poblaciones y sus recursos naturales que siempre fueron orureños.
Frente a esa delicada situación la principal institución cívica reaccionó rechazando y criticando el trabajo del INE – Oruro, demandando una urgente rectificación para que el mapa correcto y no el distorsionado sea utilizado de forma legal y oficial para efectos de recabar los datos reales que corresponden a Oruro en su integridad territorial.
A propósito del tema uno de los asambleístas responsable de sus actos y en uso de sus atribuciones recuerda que la Gobernación firmó un acuerdo con el INE para la operación del censo de noviembre, documento que en punto cuarto señala claramente que (la Gobernación) “Aportará en calidad de base documental, información técnica cartográfica y otro tipo de documentos que fueran necesarios para el éxito de las operaciones de campo” (censo), lo que hace suponer que el INE recibió documentación errónea o utiliza su propia cartografía que claramente no está actualizada en función de los derechos e intereses del departamento.
El asunto empero debe ser entendido en su justa dimensión, es decir con el reconocimiento de orden legal que significa primero que nada enmendará el error en la utilización de un mapa distorsionado, cuya circulación fue prohibida en repetidas ocasiones, disponiéndose inclusive su retiro de establecimientos educativos y reparticiones públicas, por tanto sin valor de utilidad pública.
Lamentable sería que con esos antecedentes y aún sabiendo que existe un mapa sin distorsiones que debe servir para fines de reconocimiento de la territorialidad la entidad ejecutora del censo quiera utilizar material rechazado y además prohibido legalmente, en un evento de tanta importancia como es un censo general de población y vivienda.
Las autoridades de la Gobernación tienen que establecer responsabilidades, si las hubiera, en el manejo arbitrario de un mapa irregular, disponiendo además que el INE cumpla sus deberes enmarcando su trabajo en la documentación legalmente reconocida para evitar problemas de mucho perjuicio para los intereses íntimamente relacionados con el desarrollo departamental, toda vez que los datos erróneos que puedan obtenerse ocasionarían un irreparable daño al interés colectivo de los orureños, situación por cierto inadmisible.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.