Cuando se tocaba el tema de lograr financiamiento para encarar el proyecto de la vivienda propia por lo menos hasta hace algún tiempo atrás, la perspectiva era muy difícil debido a las exigencias del sistema bancario partiendo de sus contradictorias condiciones como por ejemplo, la exigencia ineludible de una garantía hipotecaria, cuando el objeto del crédito era justamente para lograr la propiedad privada.
Mucha gente con un promedio de ingresos más o menos sólido, en función a una escala de salarios vigentes en el medio social en que se desenvuelve la mayoría de la gente, hacía poco menos que imposible pensar en un crédito bancario que significaba una deuda “de por vida” para dejar la casa propia a la siguiente generación, además con un sobreprecio impresionante efecto de los intereses corrientes y en algunas circunstancias obligadas la sumatoria de multas e intereses que el sistema no perdona, bajo esas alternativas los créditos bancarios resultaban nada más que una utopía.
Una serie de medidas que se aplican a las actividades financieras en el país y que son parte del conjunto de un “cambio social” han modificado algunas de esas exigencias atrabiliarias y abierto las posibilidades para que más gente, con los recursos que tiene, pueda pensar con mayor certidumbre en cumplir el objetivo social de tener la vivienda propia.
Parecía que en el siempre complicado y estricto sistema financiero nacional no se tomó en cuenta como corresponde el derecho a la vivienda propia como una legítima ambición de todo grupo familiar, sea cual fuese su condición económica”. Esta realidad ha tenido que influir en la jerarquía del sistema de las entidades financieras para desarrollar programas más accesibles a la mayoría de las familias, con menos imposiciones en función de garantías y eliminando las muchas restricciones que descalificaban – sin derecho a réplica - a buena cantidad de clientes en pos del anhelado crédito para construir la casita propia.
En el último tiempo una serie de factores que se registran en el país configuran otro estado de situación, haciendo favorables para la ciudadanía boliviana las opciones de obtener un crédito bancario para vivienda, con razonables intereses, sin penosos y dificultosos trámites y en las condiciones más accesibles a la realidad socio económica de las familias que tienen sus metas claramente definidas en lo que corresponde a responsabilidad crediticia, esto último es un hecho contundente que se explica en la ostensible disminución de la cartera en mora.
El déficit habitacional, por una parte, pero por otra la dinámica económica que produce mayores ingresos en ciertos sectores de la comunidad y paralelamente el “boom” de la construcción, que a su vez ofrece su producto convertido en viviendas, hace posible que en el tiempo actual más familias se embarquen en los créditos bancarios, ofertados con inusitada promoción por las entidades bancarias que operan en el país y que deben competir abiertamente para enfrentar las normas que las obligan a ser más eficientes, pero al mismo tiempo más solidarias.
Frente a esa apertura crediticia, que en muy contados casos todavía produce dudas porque no siempre se cumple lo que se ofrece, la situación se torna beneficiosa para la población pues ya se puede tener el capital para construir la casa propia, pero ahora falta que de manera paralela las autoridades correspondientes se preocupen de sanear la tenencia de terrenos, disponiendo la adecuada urbanización de nuevos barrios consignando para los mismos esos elementos imprescindibles de saneamiento básico, lo que permitirá avanzar en verdaderos planes de vivienda social.
Fuente: LA PATRIA
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