El hecho de que la universidad pública facilite las tesis que elaboran sus egresados y flamantes profesionales para que se conviertan en proyectos de uso práctico para dinamizar el desarrollo regional es algo que implícitamente está inserto entre las responsabilidades de las casas de estudios superiores, por tanto lo que falta es coordinar el modo práctico en que esos importantes documentos puedan ser efectivamente utilizados por las entidades públicas que carecen de esos elementos básicos para impulsar el crecimiento departamental.
Mucho se habló de este tema y en la gestión de algunas autoridades públicas y universitarias se alcanzaron acuerdos para dar valor a la iniciativa de jóvenes profesionales en temas de orden tecnológico directamente relacionados, por ejemplo con actividades agrícolas, como el caso de sugerir la fabricación de equipos para mejorar la cosecha y el tratamiento de la quinua, la habilitación de tanques especiales para la recuperación de agua potable y utilizar en los periodos de sequía. Hay muchos otros ejemplos en el caso de la minería y metalurgia, pues brillantes profesionales han presentado valiosas tesis que simplemente han quedado en los archivos de las universidades o ha sucedido que tales propuestas han sido bien utilizadas en actividades industriales de países vecinos donde son desarrolladas.
El problema es que las gestiones emprendidas en los niveles superiores quedan como parte del registro de las agendas pero su cumplimiento se posterga indefinidamente por la falta de gestión directa entre autoridades de ambos lados, llámense prefecturales, ahora de la Gobernación y las del Gobierno Municipal, por supuesto también de un facilitador directo en la universidad que evalúe y seleccione las tesis que por su importancia puedan convertirse en proyectos a diseño final que al ejecutarse contribuyan al mejoramiento de diversas áreas en el desarrollo departamental.
En varios países vecinos, casos de Chile, Argentina, Brasil o de Colombia funcionan “bancos de proyectos”, que son divisiones especializadas que se ocupan de una selección de las tesis, por especialidades, determinando sus condiciones de factibilidad para su utilización en los planes que emprenden autoridades y organizaciones responsables de mejorar servicios de salud, saneamiento básico, ganadería y agricultura, minería y metalurgia, urbanismo y vivienda además de otros interesantes temas socio antropológicos, que permiten vislumbrar un valioso material requerido en las oficinas de planificación de la administración pública.
Se trata de influir directamente en la misión de la Universidad Pública en lo que atañe a su responsabilidad directa de formar profesionales para el servicio comunitario, lo que a su vez permitirá incentivar a esos nuevos “dinamizadores” del progreso nacional, tomando en cuenta que tesis y servicios serán de prioridad para el objetivo de apoyar patrióticamente al país y la región.
De ahí que el recordatorio que surge en la Asamblea Legislativa Departamental para que las autoridades universitarias se ocupen de este asunto, tiene validez para que se actualicen las gestiones y se haga operativo el proceso de uso de las tesis directamente relacionadas con proyectos técnicos y socio económicos que mejoren las condiciones de vida de nuestra población. De ese modo la universidad cumplirá uno de sus objetivos prioritarios y las autoridades el rol que les corresponde de valorar la iniciativa de nuestros profesionales.
Fuente: LA PATRIA
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