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Decretos de nacionalización y delimitación de veta en Colquiri deben ser revisados
23 sep 2012
Fuente: LA PATRIA
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A criterio del ingeniero analista, ex senador y docente universitario, Carlos Sandy la solución legal al conflicto de Colquiri pasa por la revisión y modificación de los decretos 2264 de nacionalización y 1337 de delimitación de la veta Rosario, para enmarcarlos en el Decreto Supremo 29117 que declara reserva fiscal a todo el territorio nacional.
El decreto 29117 fue aprobado el año 2007, y en él se establece que tanto la prospección y exploración de los yacimientos debe estar a cargo del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) exclusivamente hasta que concluya todos los trabajos, y para la parte administrativa y operativa se encarga a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que suscriba contratos con todos los interesados, ya sean empresas privadas, minería chica, mediana y otros, siendo un decreto muy concreto.
Sin embargo, según Sandy los conflictos se dan cuando se emiten los dos decretos de Colquiri, y lo que se hace con el decreto 2264 que es de una supuesta nacionalización porque la mina de Colquiri siempre ha sido del Estado, sólo se ha nacionalizado los equipos y herramientas que pertenecían a la Sinchi Wayra, se incluye a la Cooperativa 26 de Febrero la concesión en arrendamiento de la veta Rosario. Es cuando se empieza a enfrentar una serie de problemas entre los asalariados con los cooperativistas.
“La veta Rosario tiene dos ramos uno N y un ramo D, y esas dos vetas también se les da posteriormente, y entonces vienen los problemas, como el tema de aire no se sabe quién administrar y cómo, es decir, ¿los asalariados les van a dar aire a ellos (cooperativitas), cómo van a pagar ellos?, que hay del agua, materiales, insumos, el taller de mantenimiento”, señala Sandy, y explica que para estas interrogantes se emite el decreto complementario 1337 que fija todas estas normas, en el que además de Rosario se les da la veta N y D a los cooperativistas y se establece de donde a donde será su área de explotación de ambos sectores.
“Pero operativamente no es posible, incluso hay un problema, los cooperativistas si quieren explotar esa veta tienen que hacer una inversión fuerte, pagar lo que ha gastado en la exploración Sinchi Wayra, eso significa hasta tal vez 4 millones de dólares, ¿de dónde sacará la cooperativa?, y para que operen estas tres vetas, también tienen que hacer una inversión que pasa por los 10 millones mínimamente pese a que pueden existir problemas para la extracción del mineral la operación de la mina es decir, que a los mismos cooperativistas ese decreto les ha traído problemas”, explicó el ingeniero.
Indicó que desde el momento que en un decreto se incluye darles a privados, en este caso cooperativistas mineros, la veta Rosario, es que se comete el error, y se transgrede el decreto 29117.
“Es decir en vez de Sinchi Wayra que venga 26 de Febrero, es un error, entonces lo que debía haberse hecho es entregar con un decreto de nacionalización a Comibol y ésta en base al decreto 29117 tiene la potestad para hacer contratos de arrendamiento u otro tipos de contrato, es decir, debían dejar a Comibol, esto quiere decir, que estos dos últimos decretos los han redactado cooperativistas y seguramente el Gobierno sin participación de los técnicos, porque no se ve la mano de técnicos”, sostuvo Sandy.
Por lo tanto, concluye Sandy, la solución es la revisión de los decretos 2264 y 1337 y atenerse al decreto 29117 donde se especifica qué es lo que tiene que hacer la Comibol, ésta es la solución legal que se debe dar.
La otra solución, dijo, es que la Comibol absorba a los cooperativistas, como ya lo hizo, pues de los 950 que eran ya 650 estaban trabajando en la empresa, y sólo 300 faltarían.
“Y finalmente debe el Estado firmar un contrato de riesgo compartido y arrendamiento con los cooperativistas y que trabajen solos de forma privada, pero creo que el primero es el que se tiene que darse como solución porque no existe otra alternativa, para poner las cosas en orden desde el punto de vista legal”, remarcó Sandy.
Fuente: LA PATRIA
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