La renacionalización de empresas mineras puede tener un alto costo socio económico

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El problema de la “estatización” de empresas, o como suena mejor en el ámbito social cuando se habla de “nacionalización” no siempre surte el efecto benéfico de orden político que sus promotores asignan a esa medida de “recuperación” de la propiedad boliviana.

Si se analizan muchas circunstancias sobre la materia y que se han producido en nuestro país, habrá que convenir en que al hablar del sector minero ya se produjo su nacionalización en gran escala, con las medidas de la revolución del 52 y desde entonces surgió también a nivel de administración minera la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Muchos cambios se produjeron desde entonces afines a las contingencias de la política reinante en el país, unos periodos largos bajo regímenes dictatoriales y otros renovados en procesos democráticos, que sirvieron en su momento al posicionamiento de las empresas mineras bajo administradores privados lo que se vino en llamar la “capitalización” de algunos yacimientos de minerales.

No se puede ignorar o soslayar, según explican los entendidos, la importancia que tienen las inversiones privadas nacionales y extranjeras en la economía de cualquier país que aliente democráticamente su crecimiento, buscando mejores condiciones de vida para su población, de ahí que las figuras nacionalizadoras que se practican con fines estrictamente políticos no siempre tienen resultados esperados de mejores condiciones de productividad.

No hay que tomar con sentido de beneficio la situación lógica que se presenta en corto plazo cuando se produce una nacionalización, y aparentemente hay mejoras en las cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN), sin medir para el futuro las consecuencias de tal medida que pone en riesgo otras inversiones y de manera general crea suspicacias entre posibles empresarios productores que pensarán más de una vez en la posibilidad de enfrentar en el país aquellas contingencias de avasallamientos y estatizaciones al no existir un adecuado marco institucional, coherente, estable y de plena seguridad jurídica.

OPINIONES

El asunto de la nacionalización implica riesgos, más allá de los réditos políticos puesto que el Estado siempre quedará de manera legal con una “cuenta por pagar” establecida en el proceso de resarcimiento a las empresas que puedan resultar afectadas por el procedimiento de reversión de concesiones y bienes.

A propósito de este delicado asunto rescatamos algunas opiniones sobre el efecto de la nacionalización (de minas). Para el profesional en la materia y analista Ing. Carlos Sandy, “la nacionalización está matando la minería, pues son señales negativas que se proyectan a los extranjeros que tienen la capacidad de invertir millones de dólares en tecnología y recursos humanos para generar producción minera”. Sandy argumenta con mucha firmeza que el sector minero es muy importante para el país porque el 30 por ciento nacional del producto interno bruto es generado por la minería sólo después del sector de hidrocarburos, por tanto de real importancia en la economía nacional. El también analista de temas mineros, lamentó que es mucho tiempo (5 años) que el país no tenga un nuevo Código Minero, lo que significa ausencia de políticas en el sector minero – metalúrgico, conviniendo finalmente en que las nacionalizaciones “están matando la minería”.

Por otra parte, el presidente del sector empresarial en Oruro, Fernando Dehne, al referirse a la nacionalización de Colquiri señaló que “esa actitud no garantiza las inversiones en Bolivia” y advirtió además que “el Presidente Morales no está cumpliendo la Constitución Política del Estado, justamente para garantizar las inversiones”. El ejecutivo de la Federación de Empresarios en Oruro, indicó que “con las medidas que suceden no habrá empresa que quiera invertir en nuestro país y por eso estamos muy preocupados”, apuntó el dirigente de los empresarios en Oruro.

El representante del sector de la minería privada (Chica) en Oruro, D. Ramos expresó sus dudas acerca de los resultados de una nacionalización – como la de Colquiri – que debe ser bien planificada y sólo puede avanzar con respaldo político, pero también técnico y económico. En cambio para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Severino Estallani, la medida fue aceptada con carácter excepcional… “Únicamente para hacer que desaparezcan las cooperativas mineras que quieren hacer desaparecer las empresas productivas, para que ellos ganen recursos sin inversiones y sin control de ninguna naturaleza”.

Para el asambleísta departamental oficialista Froilán Fulguera, la medida (nacionalización) es positiva para evitar enfrentamientos y para que los recursos naturales vuelvan a manos del Estado, además para terminar con los cooperativistas que han sido muy majaderos, para apoderarse de las minas que tiene el país”.

Finalmente, incluimos la más reciente de las opiniones sobre el tema Colquiri, corresponde al diputado por La Paz y cooperativista minero, Wilfredo Calani, quien señaló “para nosotros (cooperativistas) la minería es aleatoria, es como la lotería…a veces va bien y otras mal”, añadiendo que actualmente se registra un crecimiento notable, reconociendo además que el Gobierno apoya al sector, pero no es suficiente, aunque agradeció la entrega de excavadoras, compresoras, máquinas perforadoras para el sector de las cooperativas auríferas, según lo confirmó, el cooperativista parlamentario, Calani.

Por éstas opiniones hay que deducir que el problema de Colquiri, que está enfrentando a mineros cooperativistas y asalariados, merece una solución práctica y técnica de modo que elimine fricciones entre sectores y devuelva la paz y la armonía a un centro minero que hasta antes de ser nacionalizado trabajaba sin problemas y cumpliendo un importante rol productivo y que podría mejorar tal condición siempre que las nuevas condiciones sean propicias.

Medios – Agencia Uru – P.M.

Fuente: LA PATRIA