Hablar de dietas y relacionarlas con el hábito de alimentación y la búsqueda de un manera ideal de vivir bien, es tema de todos los días y de una gran parte de la población de manera especial cuando se trata de balancear adecuadamente nutrientes, carbohidratos, fibras y una serie de vitaminas, debidamente elegidas para que cumplan el objetivo de alimentar sana y preferiblemente sin engordar.
La relación de analogía de esas dietas, que en realidad son normas estudiadas prolijamente para cuidar la salud de las personas, cobra otra dimensión cuando se convierte en el factor más importante para alimentar los bolsillos o las carteras de parlamentarios, asambleístas departamentales y concejales municipales, que mensualmente reciben su dieta financiera, pero con la diferencia de que ésta si engorda, por su intrínseco valor económico que mejora las condiciones de vida de sus beneficiarios.
De algún modo este elemento imprescindible e ineludible en la administración del sistema económico nacional, que reconoce el funcionamiento de la Asamblea Legislativa a nivel nacional y las departamentales en las gobernaciones, se amplía también a las comunas donde los concejales cuidan de recibir, como todos los otros cuidan de percibir jugosas dietas.
Se ha querido dar a ese emolumento económico la condición de un salario, como el que de manera regular percibe un trabajador como compensación a su sacrificada labor cotidiana que se ajusta a las leyes vigentes, obliga a cierta cantidad de horas de servicio, además de una total responsabilidad asignada por empresarios, patrones, jefes o administradores de acuerdo a las modalidades y especialidades que obliga la contratación de cierta cantidad de personal, sujeto a un presupuesto establecido en la organización contratante que paga por trabajos cumplidos.
Lo que sucede en el reconocimiento de dietas a los representantes políticos, llámense legisladores, asambleístas o concejales, tienen cifras que siempre están muy por encima del sueldo o el salario de un trabajador regular y que oscila entre los picos más elevados que se establecen para los jerarcas de una burocracia administrativa que usufructúa los dineros del pueblo sosteniendo la maquinaria política que tiene muchas ventajas para los grupos electos por el “voto popular”.
Si bien se ha establecido ciertos límites, por ejemplo uno considerado el principal que señala que nadie podrá ganar más que el Primer Mandatario, pasa a segunda instancia cuando algún jerarca de institución estatal tiene más sueldo que el Presidente, la situación se aproxima con una diferencia de centavos a ese límite en las instancias legislativas, lo que mueve a pensar que realmente las dietas de ese sector privilegiado sirven para engordar a los beneficiados, en todo caso con los dineros del Tesoro General que son los dineros del pueblo.
En todo caso lo que llama la atención es que pese a que no se cumple con las normas exigibles de trabajo que marcan las leyes, hay personeros que gozan del favor político ocupando cargos temporales compensados con dietas, que casi siempre resultan pobres, aunque en honor a la verdad la mayoría de los beneficiarios no ganaron antes los montos que ahora le cobran al pueblo por un trabajo, que lo digamos claramente, no satisface la expectativa ciudadana, por tanto no es justo que asambleístas o concejales estén tentados en subir los montos de sus dietas que de por sí ya son muy abultados.
Fuente: LA PATRIA
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