Una vez más los bolivianos observan la repetición de hechos que se presentan como resultado del tratamiento inadecuado de conflictos entre partes en pugna, permitiendo que la irracionalidad se convierta en violencia, con un lamentable saldo de víctimas, alterando de manera directa la convivencia pacífica y la seguridad de muchas personas, inclusive ajenas al problema.
La situación de los trabajadores mineros se arrastra desde hace tiempo atrás, lo sucedido en pasadas horas es el resultado de la imprevisión para negociar soluciones en un conflicto que ya se veía llegar si no se aplicaba un conjunto de medidas previsibles antes que se desaten los enfrentamientos.
Es una pugna, un enfrentamiento de mineros contra mineros, los menos pero con más derechos, según lo explican, son los asalariados que defienden sus fuentes de trabajo ante lo que llaman un avasallamiento de otros mineros, los cooperativistas que en mayor número y con cierto respaldo oficial, arremeten contra sus compañeros de clase pretendiendo la concesión de más áreas de trabajo, no sólo en Colquiri, donde se desató el problema, sino también en otras minas que maneja la Comibol.
Los problemas entre trabajadores mineros se arrastran de hace tiempo atrás, no son meses, son años, cuando comenzaron los avasallamiento de campesinos de algunas regiones decididos a convertirse en mineros y acoplarse al sistema cooperativista, aunque para tal justificación no exista ni la más mínima práctica del elemental sistema solidario que da forma al cooperativismo. Muchas minas han sido ocupadas, siguen en esa situación y en casos de mayor proporción, como Mallku Khota y lo de Colquiri la supuesta solución se aplicó a través de la reversión de concesiones o mejor la nacionalización de las empresas.
La falta de medidas preventivas y oportunas lleva casi siempre a la explosión de los hechos, parte del drama que obliga recurrir a las fuerzas policiales para “apagar incendios sociales”, utilizando primero “agentes químicos o balines de goma, agua de los neptunos” y en ningún caso se asegura, armas de fuego, sin embargo los resultados de algunos enfrentamientos mostraron que balas hubieron y víctimas fatales también, como en el caso de Huanuni que Dios quiera no se repita en ningún otro distrito minero o en alguna ciudad.
Cuando se producen los lamentables enfrentamientos siempre se culpa al Gobierno como tal, y lo evidente es que la responsabilidad de esta secuela de hechos recae en ciertos funcionarios, especialmente algunos viceministros que además de ofrecer una suerte de shows mediáticos en su participación no cumplen los objetivos de una adecuada prevención de conflictos, de ahí que los resultados son elocuentes y la violencia patética, lamentablemente como sucede actualmente entre mineros atravesando por una crítica situación, producto de medidas aplicadas en tiempo y espacio inapropiados.
En los conflictos más serios del país siempre ocurre lo mismo, es decir que debe llegarse a extremos para pensar en soluciones, también extremas, como las que deben aplicarse de inmediato no sin antes establecer prioridades en el contexto de una realidad objetiva y no obedeciendo a las presiones. Una vez más rescatamos la sugerencia de expertos, en Colquiri se necesita replantear el asunto, pero con criterio estrictamente técnico y no político de modo que la violencia no rebase los condicionamientos razonables.
Fuente: LA PATRIA
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