Domingo 16 de septiembre de 2012
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El manejo de los recursos financieros destinados a obras de desarrollo tanto en la ciudad como en el Departamento, se convierte en un serio problema a tiempo de considerar su aprobación, sea en la instancia de la Asamblea Departamental o al interior del Concejo Municipal.
Cuando se menciona el Programa Operativo Anual (POA) en una instancia o se toma en cuenta el ya trillado Plan de Desarrollo Departamental (PDD), concejales y asambleístas tienen muy marcadas observaciones, en unos casos con justificadas razones y en otras con argumentos más obstruccionistas que realistas, todo en relación a las condiciones políticas que se dan en el entorno de los organismos que manejan los recursos del pueblo, el Gobierno Municipal o la Asamblea Departamental.
Por simples observaciones de forma y no de fondo casi siempre injustificadas, se demora la aprobación del uso de recursos públicos y cuando se da el paso legal pertinente resulta que esos presupuestos no satisfacen las expectativas de la población, lo que significa que muchas obras anheladas en barrios de la ciudad o en poblaciones del área rural tendrán que esperar turno hasta la siguiente gestión debido a la poca importancia que los grupos de poder - en las instancias de aprobación - dan a ciertas obras, favoreciendo con abierto sectarismo algunos proyectos y descartando otros que en la prioridad de beneficio colectivo deberían tomarse en cuenta, especialmente si se trata de proyectos de saneamiento básico y no de maquillajes en zonas urbanas o composturas en áreas sociales del sector rural.
Fuente: LA PATRIA
