El ingreso de nuestro país, desde 1999, al comercio internacional de gas en grandes volúmenes constituye un hecho económico de trascendental importancia comparable con el descubrimiento de plata en Potosí y la veta “Salvadora” de estaño en Catavi.
Lamentablemente, el acceso pleno al comercio internacional fue truncado al no haberse logrado la exportación de gas liqüificado (LNG). El contar con instalaciones en la costa del Pacifico, nos habría permitido exportar gas a cualquier parte del mundo. Ahora nuestros mercados son los países limítrofes.
El contrato de venta al Brasil más el actual con Argentina, han logrado ingresos nunca esperados.
Desde 2005 las exportaciones de gas han sumado $us 18.000 millones y a su vez el Estado ha contado con $us 11.033 millones de ingresos fiscales.
Aquí valga una aclaración. Todos esos ingresos no son fruto de la llamada “nacionalización de los hidrocarburos”. Han sido posibles por contar con reservas descubiertas y tener un contrato con cláusulas de precios ligadas a los del petróleo; más la aplicación de la Ley 3058 que elevó la tributación y fundamentalmente la elevación de los precios internacionales del petróleo a niveles casi inimaginables.
El fin de esta bonanza podría estar cercano. El contrato de compra venta con Brasil es hasta 2019, a la vuelta de la esquina. El contrato con Argentina es hasta 2026, también en la próxima esquina.
En estos años la exploración básica ha desaparecido y la perforación de pozos exploratorios ha sido mínima y poco exitosa.
Como era de esperarse, no se han incrementado las reservas. Ajustadamente alcanzarían para cumplir el mercado interno y los 2 contratos de exportación vigentes.
Consciente del problema, YPFB está tratando de incrementar la exploración con inversión extranjera.
Desde marzo pasado, con documentos muy mal traducidos al inglés, YPFB ha recorrido el mundo haciendo presentaciones en reuniones equivocadas, ofreciendo 15 áreas que suman 3.5 millones de hectáreas para la suscripción de contratos de servicios o estudios (mal traducidos como “Research Agreements”).
En esas presentaciones, YPFB ha descrito y hecho entrega de información técnica básica de cada área ofertada y señaló los procedimientos para obtener mayor información. Asimismo, se difundió un calendario para fechas de consulta y suscripción de documentos finales.
De acuerdo a ese calendario, deberíamos estar firmando contratos.
Lamentablemente, hasta agosto no se habría logrado interesar a ninguna compañía petrolera fuera de las que están operando en el país. Tres de estas últimas firmarán convenios de estudios para algunas de las áreas ofertadas. Ninguna compañía está interesada en un contrato de servicio.
Para que una compañía petrolera estatal o privada decida invertir en nuestro país, sus intereses y lo que se les ofrece, debe pasar por tres tamices: el técnico de posibilidades reales de existencia de hidrocarburos, otro de los mercados para la futura producción y el tercero sobre los aspectos legales, impositivos y políticos del país.
La información técnica presentada y la que se podría adquirir de YPFB, razonablemente señalarían que existe el potencial de reservas a ser descubiertas. Por otro lado, un examen de los mercados de Argentina y Brasil muestra que continuarán siendo mercados en competencia con el LNG.
Las condiciones generales del país para la inversión extranjera son negativas. Existe una actitud política anti-inversión en el gobierno, no existe un sistema de protección a la inversión ni en solución de disputas. La Ley de Hidrocarburos no favorece la inversión extranjera, al contrario le pone todo tipo de trabas. Finalmente, la Constitución Política del Estado ampara y favorece, fuera de todo lo razonable, los intereses de los pueblos originarios.
En resumen, ese panorama no atrae inversión de riesgo en petróleo. Lamentablemente esas condiciones negativas no son solo para las petroleras, se aplican en forma general a todo tipo de inversión extranjera. Por tanto, la respuesta al título de este artículo es triste. El país es muy poco atractivo para la inversión.
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