Cuando la intolerancia Institucional atenta el bienestar colectivo de toda una región, cuya característica es propia de algunas organizaciones sociales, como la de los cooperativistas mineros, quienes bajo presión social, en las más le ganaron la pulseta al Gobierno actual, aprovechando obviamente, sus derechos preconstituidos en la Carta Magna y su condición de aliados del Proceso de Cambio que enarbola S.E. Don Evo Morales Ayma.
El Gobierno, quizá con la mejor intención de atender las demandas del sector minero y además cumpliendo su agenda política, hace meses atrás nacionalizó parcialmente la mina de Colquiri, pero debido a la promulgación del Decreto 1337 (complementario) del pasado 24 de agosto, donde se delimita el área de explotación del yacimiento Minero, (veta Rosario) entre la Cooperativa Minera 26 de Febrero y el sector asalariado de la Estatal Mina Colquiri, pero sin embargo, la interpretación técnica de este decreto, generó el conflicto entre partes, así como lo reconoció públicamente el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, en fecha 12 de septiembre del 2012.
Cabe recordar, que un connotado analista minero como es el Ing. Carlos Sandi, hace días atrás recomendó al Gobierno Central que en la Empresa Minera Colquiri opere un solo sistema de explotación, sea por el sistema cooperativizado o a través de la Comibol; a manera de solución, esta debería ser la base del diálogo y consenso entre partes, considerando la sostenibilidad económica, social e institucional de este yacimiento minero y no así pensar en promulgar otro decreto salvador, tal como pretende el Ejecutivo a fin de solucionar este conflicto, es menester mencionar que el paro de la Empresa Minera Colquiri le genera al Estado Boliviano una pérdida de 250.000 dólares americanos por día.
Lamentablemente, a la fecha el panorama se conflictúa radicalmente, cuando los representantes de ambos grupos piden la renuncia del Ministro de Minería y el Presidente de la Comibol, así mismo, alientan la confrontación, al hacer uso desmedido de explosivos, minado de espacios ocupados, bloqueos, etc., etc.
De continuar este panorama hostil, el Gobierno deberá asumir sus atribuciones constitucionales dentro el marco de la racionalidad y buscar el consenso, a fin de evitar cualquier enfrentamiento que pudiera alterar el bienestar de las familias mineras y el ordenamiento jurídico del país.
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