Como consecuencia lógica del proceso de autonomía vigente a favor de la “universidad pública” del país, se instituyó también el modelo del manejo administrativo en base a un cogobierno docente – estudiantil. Según los dos estamentos se trató de una conquista para mejorar la estructura interna de las casas de estudios superiores del país.
Seguramente en el ánimo de quienes pergeñaron las condiciones estructurales de la universidad nacional, el proceso se trataba–en su tiempo– de un adelanto de orden social que buscaba sino igualdad por lo menos equidad en el conjunto de todo el aparato que permitía el funcionamiento de la universidad pública.
Empero tales condiciones se han tornado conflictivas con el paso del tiempo y en algunos casos los movimientos internos en algunas universidades han puesto en duda esas “conquistas”, entendiendo que alguno de los sectores rebasa las condiciones de trato, coordinación y cumplimiento de las normas internas que permiten la vigencia de un sistema que en realidad no es absolutamente autónomo al depender de manera directa de una asignación presupuestaria que la otorga el Gobierno y cuyo monto se reajusta cada año por vía de la presión que ejercen docentes, funcionarios y estudiantes.
El cogobierno permite a los estudiantes participar en el Consejo Universitario de cada unidad educativa con planteamientos que surgen en las bases estudiantiles y se convierten en disposiciones que deben cumplirse dentro del mandato “paritario” docente estudiantil y que en muchos casos rebasan las opciones que cada sector defiende a su modo para mantener vivas sus propias iniciativas y expectativas, de ahí que cuando se habla de la temática hay quienes ponen en duda los beneficios del sistema.
Hay una serie de condiciones que alteran la pacífica convivencia entre los estamentos de la universidad pública, en el caso de los docentes y los trabajadores, generalmente los reclamos tienen sentido salarialista, que en algunas ocasiones apoyan los estudiantes y en otras rechazan esos pedidos arguyendo que un aumento de presupuesto debería favorecer también a los estudiantes a través de mejor y mayor equipamiento u otras condiciones que se promueven como “bienestar estudiantil”.
Las cosas se manejan de ese modo mientras la ciudadanía, especialmente los padres de familia, tienen otras expectativas y es que sus hijos puedan salir profesionales en tiempos previstos, pero listos para enrolarse en contingentes de mercados laborales con alto requerimiento de servicios y no que pasen a formar parte de mercados altamente saturados, donde la competencia laboral es un hecho altamente perjudicial en materia de resultados de las currículas impuestas que no se actualizan y no permiten mayores posibilidades para mejorar las condiciones de profesionalización en áreas de necesidad y utilidad pública para el desarrollo comunitario.
El reto que se abre en el tiempo presente, en el conjunto de la Universidad Boliviana, es justamente redefinir esa estructura financiera que no es propiamente autónoma y la otra del cogobierno que enfrenta por número y presión a los estamentos de la universidad pública, que en realidad debieran ser factores de unidad para mejorar las condiciones de profesionalización de bolivianos tecnificados para insertarse a los planes del desarrollo nacional, de acuerdo a las exigencias de cada región en particular.
Fuente: LA PATRIA
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