Sin prensa libre no hay democracia

Así de claro. Así de simple. La consolidación y desarrollo de la democracia depende de la libertad de expresión. Es esencial para el desarrollo y el conocimiento entre los pueblos y la vía que les llevará a la comprensión y la cooperación. Cuando se obstaculiza el debate de ideas y de opiniones y se limita la libertad de expresión se pierde la transparencia que afianza la institución democrática.

Thomas Jefferson sentenció: “Prefiero una prensa sin Gobierno que un Gobierno sin prensa. Lo fundamental es el derecho del pueblo a saber, a estar informado”. La frase del sabio mandatario es recordada al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) instituida por la Asamblea de la ONU a sugerencia de la Unesco que nos recuerda “Una prensa libre, pluralista e independiente es el componente esencial de toda sociedad democrática”. La Corte Internacional de DD.HH. ratificó la declaración añadiendo “La libertad de expresión es una piedra angular en toda sociedad civilizada”.

No es extraño que Evo Morales, según confesión propia repetida al menos en cinco ocasiones, señalara que sus verdaderos opositores son los medios de comunicación.

En consecuencia, el afán de controlarlos a como dé lugar sea por medio de “la justicia”, por medio de cadenas, para utilizarlos como propaganda de su partido, por medio de la publicidad oficial que es una forma de censura indirecta. La idea de influir en el contenido del mensaje periodístico es ya un recorte a la libertad de expresión, exactamente como en Cuba o Corea donde los medios son simples repetidores del discurso autoritario, no hay pluralismo, ninguna transparencia, ni rendición de cuentas. Nuestros comunicadores profesionales independientes soportan esa presión permanente del aparato comunicacional del oficialismo que ofrece la versión tergiversada, instrumentada en contra de la verdad.

El periodista no funcional se ve desprotegido, enfrentado a los grupos de poder económico y político, inclusive de bandas organizadas (cocaleros, chuteros, empleados públicos, movimientos sociales) que actúan fuera de todo marco legal, sin apego alguno a la Ley.

No podemos renunciar a los principios que son como el catecismo del ciudadano demócrata y amante de la libertad en todas sus formas y manifestaciones como derecho fundamental e inalienable, inherente a cada uno y como requisito indispensable para la vida en sociedad.

Olvidan los funcionarios leídos del Régimen que obedeciendo ciegamente la consigna de agredir a los medios bajo diversos pretextos e ignoran que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones, sin discriminación de raza, color, religión, situación económica o ser de condición social diferente. El acceso a la información en poder del Estado es derecho fundamental por lo que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

La censura previa, la interferencia directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por cualquier medio oral, escrito, artístico, visual o electrónico debería estar prohibida por Ley. Las restricciones a la libre circulación de ideas y opiniones, la creación de obstáculos al flujo informativo violan el derecho a la libertad, por ello las normas vigentes ratifican que toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma, aunque ponen énfasis en la conducta ética de los comunicadores, que tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información, de sus apuntes, de sus archivos personales y/o profesionales.

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores o la destrucción de los medios viola los derechos de las personas y coarta severamente la libertad de expresión por lo que es deber de los Estados prevenirlos e investigarlos, sancionando a sus autores y asegurándoles a las víctimas una reparación adecuada. Si el comunicador tuvo intención de dañar al difundir noticias falsas o se condujo con negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad podrá ser denunciado ante el Tribunal de Imprenta, de ningún modo a tribunales de justicia ordinarios.

Cómo no referirnos a la utilización del poder del Estado y los recursos del Tesoro, a la concesión de prebendas arancelarias, a la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, al otorgamiento de frecuencias de radio y televisión para presionar o castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores, porque son atentados a la libertad de expresión, igual que la presión directa o indirecta dirigida a silenciar la labor informativa de los comunicadores, según pretende la acción judicial hoy en día.

Todo ello nos lleva al convencimiento de no existir democracia auténtica sin ciudadanos informados en un marco de vigencia plena y efectiva de la libertad de prensa vinculada a la administración pública, puesto que al poner al descubierto abusos o delitos perpetrados contribuye al equilibrio de poder. Quitémonos la venda de los ojos, sin gobernantes comprometidos con la tolerancia, la transparencia, el pluralismo y una sana apertura a la crítica no podrá funcionar nuestra sociedad, sin dejar de lado la exigencia de una prensa más profesional, más independiente y con mayor nivel de credibilidad.