Policía impidió el ingreso de una marcha a la plaza Murillo
Periodistas protestan contra juicio penal a tres medios de comunicación
30 ago 2012
Fuente: La Paz, 29. LA PATRIA.-
Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pide aplicar la Ley de Imprenta
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Un grupo de periodistas logró ayer sortear el anillo de seguridad que impedía el ingreso de manifestantes a Plaza Murillo para protestar contra el juicio penal que el Gobierno inició contra El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), medios de comunicación que supuestamente tergiversaron las declaraciones del Presidente Evo Morales hasta provocar una reacción racista.
Desde muy temprano, la Policía desplegada, encargada de la seguridad de Palacio Quemado impidió el paso de peatones, y periodistas, especialmente, hasta ese sitio de poder.
Pero a unas cinco cuadras de distancia, otro grupo más grande de periodistas se acercó hasta las oficinas de la Fiscalía de Distrito para reclamar con gritos que el juicio contra los tres medios sea suspendido.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (APNB), Ronald Grebe, reiteró la vigencia de la Ley de Imprenta y rechazó el juicio penal.
“Cualquier tema que haga referencia a nosotros, que se haga a través de la Ley de Imprenta, aquí en La Paz o en los otros departamentos donde también hay tribunales de imprenta constituidos”, señaló.
“El último tribunal de imprenta constituido ha sido en la ciudad de Potosí hace tres meses”, recordó el dirigente a tiempo de reiterar que el diario La Prensa también ha sido procesado pero con la Ley de Imprenta.
RECLAMOS
En la Fiscalía, la dirigente sindical Carmiña Moscoso dijo que “vamos a impedir” que los periodistas citados por el Ministerio Público se apersonen a declarar.
“Si se convoca a alguna periodista, algún editor, nosotros no vamos a permitir que vayan al Ministerio Público porque no somos criminales ni delincuentes, somos periodistas”, dijo, para después reclamar que el Gobierno use sus esfuerzos para perseguir a delincuentes, contrabandistas y narcotraficantes.
El director de Página Siete, Raúl Peñaranda, aseguró que el juicio del Gobierno carece de sustento jurídico.
El periódico “va a pedir que el caso sea sobreseído, no hay materia justiciable y no puede haber un supuesto delito de imprenta por la vía penal”, declaró.
“Es la primera vez, en 30 años de democracia, que el Gobierno acusa penalmente a los periodistas, el próximo octubre se cumplen 30 años de democracia, nunca habíamos tenido acusaciones penales contra los periodistas esto es una práctica que era propia de las dictaduras”, protestó Peñaranda.
El Ejecutivo busca “atemorizar y amedrentar” a los periodistas, según Peñaranda.
En una próxima oportunidad que se realice una declaración polémica o “una metida de pata de una autoridad” los periodistas tendrán que callar, ironizó.
APOYO
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, respaldó a los periodistas y pidió que el juicio en su contra sea sustanciado con la Ley de Imprenta.
“Consideramos que si el Gobierno nacional entiende que los medios señalados han vulnerado alguna norma, el Ejecutivo debe procesar su denuncia en el marco de la Ley de Imprenta vigente, según lo instruye la propia Constitución Política del Estado”, dijo Villena.
La libertad de prensa, expresión e información son derechos humanos esenciales y pilares para el sostenimiento de la democracia y están reconocidas en todos los instrumentos jurídicos internacionales y en la propia Constitución, apuntó.
Fuente: La Paz, 29. LA PATRIA.-
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