Absolutamente inseparables los ideales y la práctica de la democracia y la libertad de expresión que a su vez, son la base y la fortaleza de las libertades de prensa e información. Parecerían conceptos repetitivos, sin embargo cada uno tiene su sentido práctico en el respeto de los derechos ciudadanos, pues sin democracia simplemente no hay libertad de expresión, que es el principal atributo del que gozan los seres libres en el mundo entero.
Sólo en Estados en los que se alteran las libertades y se vulnera la democracia es posible que se limiten también los derechos a expresar ideas o a divulgar informaciones, de manera que la población restringida en esos atributos de justicia y equidad está al margen de conocer lo que sucede en su entorno, viviendo en la oscuridad que produce la violencia, la intolerancia, el autoritarismo o las tres cosas juntas que liquidan las libertades.
Estamos viviendo en un Estado de derecho, cuyas autoridades pregonan abiertamente su respeto a la democracia y la justicia, de ahí que lo que está sucediendo con una posición del Poder Ejecutivo de instaurar juicios contra tres medios de comunicación por haber difundido los conceptos vertidos por el Primer Mandatario en acto público y haber sintetizado los conceptos en un titular, no es causal para que se disponga un juicio penal que además señala como motivos de la acción algunos factores o intenciones de discriminación. Nada más alejado de la realidad.
Si se analiza seriamente el problema, la causa y su efecto se podrá establecer con claridad meridiana que ninguno de los medios ahora bajo proceso alteraron la idea general de lo que expresó el Primer Mandatario y que más bien por las características de la versión muestra una vez más la característica del Presidente en sus referencias discursivas como en este caso el oriental, que lamentó la natural expresión del Mandatario.
Lo que pasará en adelante es imprevisible dadas las reacciones de los sectores que defienden a los medios de comunicación, defienden fuentes de empleo, pero sobre todo se sienten muy preocupados por la forma en que se alteran las libertades reconocidas por la Constitución Política del Estado, cuando los supuestos delitos de “tergiversación” o de “incitación al racismo” debieron canalizarse para su tratamiento, si correspondiese, a través de un Tribunal de Imprenta, cuya formación está definida en la Ley de Imprenta, precisamente para que instancias como la que surge con resquemores en algunos ministerios, encuentren una salida legal en el marco del respeto a las normas establecidas y no bajo el imperio de la fuerza que puede ejercer la justicia ordinaria y la presión del poder político.
El Tribunal de Imprenta es la instancia máxima que debe definir si hubo o no distorsión o daño a raíz de alguna información y ante reclamo justificado. Pretender que sea la justicia ordinaria que juzgue delitos de prensa es vulnerar los derechos de la prensa libre, responsable y ética, que trabaja al amparo de la democracia, que garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Que el asunto quede claro, no hay medios ni periodistas que puedan trabajar en la impunidad, ni siquiera sirviendo en los órganos dependientes del Estado o el Gobierno, La Ley de Imprenta considera todos los problemas cuando estos son denunciados con las justificaciones de rigor. Lo demás es un franco atentado a la democracia y a las libertades ciudadanas.
Fuente: LA PATRIA
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