La consulta previa

La justicia brasileña acaba de instruir la suspensión de las obras de construcción de la represa de Belo Monte, sobre el río Xingú, considerada como una de las tres más grandes del mundo.

La orden de suspender las obras fue adoptada por decisión unánime por el Tribunal Federal de la Primera Región que en su fallo afirma que antes de iniciar las obras, no se respetó la Constitución ni el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque las comunidades indígenas afectadas por la gigantesca obra, no fueron consultadas previamente.

Pese a la existencia de estas normas, los diputados y senadores del Poder Legislativo brasileño, aprobaron el inicio de obras pensando en una consulta póstuma y no previa. Este hecho fue considerado por la justicia del vecino país como “propio de la dictadura”. “Los pueblos indígenas deben ser oídos y respetados”

Los indígenas que viven a la orilla del río Xingú se oponen a la obra porque la represa desviará el 80 por ciento de las aguas de la vía fluvial lo que provocará la merma de la pesca.

Esta historia que se escribe en territorio brasileño tiene un parecido muy cercano con el proyecto de construcción de una carretera entre Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba y San Ignacio de Moxos en el del Beni, que atravesará el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), considerado un santuario ecológico.

Los indígenas bolivianos habitantes del Tipnis, se oponen a la construcción de esa vía ya que argumentan que dañará esa reserva ecológica.

El gobierno del Presidente Evo Morales insiste en la construcción de la carretera y ejecuta, con el incondicional apoyo del Tribunal Supremo Electora (TSE) que oficia como “veedor” una consulta que se dice “previa”, cuando en realidad es “post” o posterior que viabilizará la ejecución de esa obra.

La justicia boliviana, a diferencia de la brasileña actúa en perfecta sintonía con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir, apoya la consulta póstuma y el propio Fiscal General amenazó a los dirigentes indígenas que se opongan a la consulta con procesarlos por desacato a la ley.

En el Brasil, la justicia hace respetar su Constitución Política y los convenios internacionales que el Estado Brasileño firmó. En Bolivia se quiere imponer la voluntad gubernamental sobre las leyes vigentes y las buenas razones de los indígenas.

Fuente: LA PATRIA