Miercoles 22 de agosto de 2012
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La decisión de las Naciones Unidas de suspender sine die las actividades de la misión de observadores destacada a Siria no parece haber sorprendido sobremanera a los analistas políticos que siguen muy de cerca la evolución de los acontecimientos en la zona. Ninguna de las partes involucradas en este conflicto que se ha tornado en una auténtica guerra civil tiene interés en facilitar la labor de unos testigos molestos. Para las autoridades de Damasco, la presencia de los cripto-cascos-azules obstaculiza la cruenta ofensiva del ejército y los grupos paramilitares contra los opositores del régimen; para el autodenominado “ejército libre” de Siria, los enviados de la ONU no dejan de ser un estorbo. Ambos bandos se acusan mutuamente de haber cometido atrocidades; ambos prefieren seguir actuando (matando, mejor dicho) lejos de las miradas “indiscretas” de una opinión pública internacional incapaz de comprender la complejidad de este conflicto interno, de este dramático enfrentamiento que divide a los sirios.
¿Conflicto étnico? ¿Conflicto religioso? ¿Conflicto ideológico? La verdad es que la tragedia del país de los antiguos omeyas tiene diferentes lecturas. Es cierto que la minoría alauita, que representa un escaso 15 por ciento de la población, controla los destinos de Siria desde hace más de 30 años. Los musulmanes sunitas se sienten discriminados. ¿Y los kurdos, los drusos y los chiítas, etnias minoritarias? ¿O los cristianos, acostumbrados desde hace décadas a la política del “palo y la zanahoria” de los gobernantes árabes? Muchos estiman que la discriminación soterrada, llevada a cabo por el régimen laico instaurado por el Partido Baas, resultaba hasta cierto punto más “tolerante” que la estricta normativa jurídica de las monarquías absolutistas de la región.
