En el mundo de la economía se ha comprobado que todo aquello que dependa de las administraciones gubernamentales –siempre que no sean empresas estratégicas– normalmente no resultan prudentes, confiables y rentables para los Estados, porque quienes administran un país, corrientemente se inclinan a un principio que en la práctica, es absurda: “No hay bien del Estado que no sirva para atender a las mayorías”; este razonamiento ha tenido una justificación: “El régimen debe premiar a quienes votaron por él o resultan sostén de su seguridad”. Este último argumento ha sido muy utilizado por los gobiernos de facto o totalitarios y, muy especialmente, por los regímenes comunistas o socialistas de extrema izquierda.
En nuestro caso, los bolivianos, se tiene experiencias amargas con las estatizaciones o nacionalizaciones en que han incurrido algunos regímenes a título de “defender los bienes del Estado” en la creencia, hecha propaganda y publicidad populista y demagógica de que esos bienes pertenecen al pueblo y es éste el que debe disfrutar de sus beneficios. Los hechos han probado que la medida ha sido totalmente contraproducente porque empresas rentables y productivas cuando estaban en manos privadas no han fracasado y, en el sector público, en la mayoría de los casos, han sido conducidas por los senderos de la quiebra o han dejado experiencias que no deberían repetirse y que, por razones político-partidistas, han caído en el mismo pozo de los fracasos.
Luego de algunos procesos de nacionalización o estatización, en los últimos años, se ha producido una manía en algunos sectores –mineros especialmente– y que consiste en avasallar propiedades, convertirlas en cooperativas en muchos casos o explotarlas en conjunción con la Corporación Minera de Bolivia (empresa que atiende las minas nacionalizadas desde el año 1952).
Los avasallamientos no han conducido a nada bueno; al contrario, han servido para que otros grupos mineros decidan apoderarse de yacimientos mineralógicos que, más temprano que tarde, serán convertidos en cooperativas con las consecuencias que son conocidas en el país. ¿Cuánto han significado estas políticas para el país en general y, en particular, para quienes se han apoderado de esas propiedades? ¿Cuáles son los resultados de su administración y cómo se responde ante el Estado especialmente con regalías e impuestos? ¿Cuál es su situación legal y qué arreglos hubo con quienes tenían las concesiones?
Las estatizaciones y nacionalizaciones, pese a los optimismos populistas, son negativas y, además, destruyen posibilidades de nuevas inversiones tanto por parte de empresarios nacionales como emporios extranjeros que querrían trabajar en rubro tan importante como es la minería. El Gobierno, por su propia responsabilidad tendría que adoptar medidas para evitar esta manía de “hacerse de la propiedad ajena”; de otro modo, se alejarán completamente las posibilidades de crear riqueza que genere empleo y, además, diversifique nuestra economía.
En más de seis años de gobierno, las experiencias sufridas son muchas y ello es una incitación para corregir políticas que aunque adoptadas con sanas intenciones, han sido contraproducentes no sólo para el conjunto de empleados y obreros que conforman el cooperativismo sino para la seriedad y seguridad del propio Gobierno.
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