Sábado 18 de agosto de 2012
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En medio de una gestión errática, escándalos de corrupción y sombras en los procesos de adquisiciones, el contrato “interrumpible” de YPFB con Enarsa, representa un logro destacable.
Argentina ha sido el primer comprador de gas boliviano, desde el año 1972 hasta 1999. Esos ingresos, entre otras cosas, evitaron que el país cayera en la vorágine abierta por la hiperinflación, allá por los años ’80. Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Mesa, ante el fracaso del proyecto “PacificLNG”, se reanudaron las exportaciones de gas a la Argentina, cuyas reservas empezaban a mermar. El contrato provisional fue ampliado y consolidado mediante un nuevo contrato, “YPFB-Enarsa” del 19 de octubre de 2006, una vez que, con la suscripción de los contratos de operación, el Estado boliviano lograba reencauzar las deterioradas relaciones de YPFB con las empresas petroleras.
El nuevo contrato tenía una virtud y un defecto. La virtud era la fórmula del precio, anclada al precio del diesel, o sea directamente al barril del petróleo. De ese modo, en cuanto los precios de ese commodity comenzaron a subir, proporcionalmente también lo hicieron los ingresos de YPFB. El defecto consistía en que YPFB se comprometió a vender volúmenes de gas que no podía producir, incumpliendo el contrato. Afortunadamente la ambigüedad de algunas cláusulas evitaba aplicar penalidades, pero creaba desconfianza en torno a la seriedad de YPFB de honrar acuerdos contractuales. En consecuencia, Argentina empezó a buscar alternativas (LNG) y a postergar las obras previstas en el mencionado contrato, como la construcción del Gasoducto del NorEste Argentino (GNEA).
