Si bien se descarta que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) esté saliendo de contrabando desde Oruro y no se sabe con qué destino, según lo afirman en la Jefatura de Zona Comercial de YPFB en Oruro, lo que no pueden asegurar es que ese imprescindible “energético” llegue a destino en los barrios marginales donde todavía no hay dotación de gas natural, y donde ocasionalmente llega un camión distribuidor algún día de la semana.
Que exista un estricto control que ejercen tanto desde las dependencias de YPFB, como también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la ciudad para evitar que el GLP pueda salir de contrabando, parece que no funciona en el límite de la ciudad donde en muchos barrios ese combustible llega de vez en cuando y en forma totalmente irregular, pues según los conductores de las distribuidoras, alguna autoridad les asigna calles y no barrios para la distribución de garrafas cargadas.
Eso está sucediendo y dados los reiterados reclamos se supone que la ANH debería mejorar su sistema, esquema o finalmente su simple plan de distribución, tomando en cuenta aquellos barrios donde aún no se ha instalado una red de gas natural y donde las garrafas son una necesidad diaria para salvar las necesidades de los vecinos, especialmente en las cocinas, sin descontar otros usos como estufas o calefones.
Si realmente existiera contrabando de GLP, sería desde alguna provincia próxima a límites internacionales y no precisamente desde la ciudad, donde se dice que existe un absoluto control de la salida de camiones distribuidores que deben llegar a ciertos destinos en algunas calles de los barrios, donde no llegan, pues el reclamo de los vecinos es constante y si llegan, de vez en cuando, cumplen instrucciones de no favorecer a los vecinos como debería ser con la mayor aproximación a los hogares, evitándoles el penoso trabajo de transportar garrafas vacías y luego llenas por varias cuadras, ante una cómoda actitud de chóferes y ayudantes prepotentes que no cumplen adecuadamente el servicio de distribución de GLP a la mayor cantidad de vecinos.
Que el precio es inalterable, pues rige la subvención al carburante y que los vecinos no deben pagar más de 22,50 bolivianos por garrafa de 10 kilos, es un hecho que también se altera, pues los vecinos en la desesperación de conseguir una garrafa de gas, lo más próximo a su domicilio, se ven obligados a un pago adicional, de centavos más, para evitar el dificultoso traslado de garrafas, desde y hasta las rutas asignadas para el eventual recorrido de camiones.
Garrafas más, garrafas menos, lo cierto es que la distribución que efectúan las empresas particulares es totalmente deficiente y la autoridad que se supone debería controlarlas, arguye que existe un control de la salida de los camiones distribuidores cargados e inclusive de los que podrían regresar con un saldo de garrafas no vendidas, lo que significaría un mal servicio y no un ahorro de operación, como se quiere mostrar.
La distribución de GLP es una responsabilidad tanto de la jefatura de zona de YPFB como de la ANH, para que el energético llegue a destino en los barrios y no sólo a ciertas calles, como lo hacen actualmente los distribuidores según instrucciones de autoridad superior, que tal parece no contempla que una calle no es ni por aproximación la representatividad de un barrio, con decenas de calles, centenares de domicilios y miles de vecinos que merecen mejor trato para tener el gas nuestro cada día.
Fuente: LA PATRIA
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