Fiscales secuestran documentación de la Gobernación por el caso “Barcazas”
16 ago 2012
Fuente: LA PATRIA
El fiscal de Distrito, Gino Gonzalo Martínez Guzmán, y el fiscal de materia, Ángel Aldo Morales Alconini, después de hacer el “registro del lugar” en oficinas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, secuestraron documentación referente a la denuncia emitida por el actual gobernador departamental, Santos Tito Veliz, en contra de los anteriores prefectos, Alberto Luis Aguilar Calle y Walter Lague Saravia, por el presunto delito de firma de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos, referidos al caso de las barcazas donadas a esta ciudad, que fueron arrendadas pero que no se tiene registro de ingresos económicos por ese alquiler.
“Ayer ellos (Aguilar y Lague) debían prestar su declaración, pero tengo conocimiento que se abstuvieron de acuerdo a lo que la Constitución y el procedimiento establece, para hoy (ayer) se planificó el registro del lugar para encontrar los documentos o algunos indicios que comprueben el presunto delito y, no solamente basarnos en la documentación que se tenga sobre la donación de estas barcazas, sino también que exista una explicación de la ubicación y si existen materialmente”, afirmó Martínez.
El caso iniciado por la denuncia del actual gobernador Santos Tito, es investigado por la División Anticorrupción del Ministerio Público, representado por el fiscal René Losantos, quien es colaborado por el fiscal Morales, debido a lo delicado de la denuncia. De manera preliminar, la información que maneja el Ministerio Público, es que una de las barcazas estaría encallada en el río Desaguadero y la otra, estaría supuestamente en territorio peruano.
“No significa que sólo se investigará a estas dos autoridades sino que también se podría ampliar la investigación a autoridades intermedias que son responsables del manejo y de activos, auditoría, personal, asesoría legal e incluso secretaría general, vamos a investigar a todo el personal que tendría conocimiento de este hecho y que en su oportunidad no presentó un informe sobre el tema”, añadió.
DENUNCIA
La denuncia que presentó el Gobernador al Ministerio Público es por los presuntos ilícitos que habrían cometido las exautoridades que hasta el año 2006 ó 2007 arrendaron un pontón y un remolcador fluvial donados al departamento de Oruro, por la Comisión Europea-Programa de Prevención, Regulación Cuenca TDPS, Subprograma de Obras, en la década del 80, a la administración prefectural de ese entonces, liderada por Carlos Böhrt Irahola, pero que desde entonces, no se tiene registro de ningún monto económico por el alquiler de la maquinaria.
“Se procedió al secuestro de documentación solamente en fotocopias, nos refirieron que no existe documentación original, ni en la parte jurídica ni tampoco en la parte administrativa, como bienes y servicios donde normalmente tendría que existir la documentación toda vez que han sido contratos de bienes netamente estatales, es en ese sentido que el Ministerio Público está procediendo con las tareas investigativas”, añadió el fiscal Morales.
Fuente: LA PATRIA
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