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Martes 14 de agosto de 2012

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Martes 14 de agosto de 2012
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Bolivia - Nacional

Supuesto caso de corrupción

Ex empleados de YPFB habrían violado cajas de seguridad

14 ago 2012

Fuente: La Paz, 13 (ANF).-

El origen de 100.000 dólares y el autor de la posible coima deben ser determinados por el Ministerio Público, al igual que el manejo de recursos financieros por los ex empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gerson Rojas y Agustín Ugarte, que no mencionaron en sus declaraciones juradas.

Así señala la abogada de la petrolera, Mónica Ramírez, al dejar en claro que además de las dos primeras cajas descubiertas en este caso, el Banco Mercantil Santa Cruz reportó que Rojas y Ugarte ya habían abierto otras el año pasado.

“Esas cajas las hubieran aperturado el año 2011, consiguientemente, ellos estaban en pleno ejercicio de sus funciones” en YPFB, por lo tanto, “lo que corresponde al Ministerio Público es que establezca porqué no fueron declaradas en el momento de sus declaraciones juradas en cuanto a sus posibles patrimonios o tenencia económica que ellos tenían”.

La petrolera pide al Ministerio Público que “se cumplan todos los actos a objeto de que, en el avance dentro de las investigaciones, se pueda determinar quiénes son los posibles autores en el tema de la entrega de dinero y todos estos elementos”, remarca la abogada.

Agustín Ugarte en sus primeras declaraciones habría señalado que en enero del 2011, fue a recoger 100.000 dólares por instrucción de Rojas a un barrio de Santa Cruz. Sobre el tema Ramírez reitera que “es el deber que tiene el Ministerio Público de investigar”.

De todas maneras, “lo verdadero y evidente que cursa en las investigaciones es que existen dos cajas fuertes”, la compartida entre Rojas y Ugarte y otra sólo de Rojas, el ex Gerente Nacional de Plantas de Separación de licuables.

En el caso de una de las cajas de seguridad, “hay filmaciones y elementos de convicción” del retiro de dinero por parte de Ugarte, lo que está permitiendo al Ministerio Público “establecer no solamente la probabilidad de la autoría, sino también los riesgos que en este caso se están sustentando dentro de la investigación”.

Acerca de si hubo o no coima, la abogada insistió en que eso deben establecer las investigaciones, pero “existen elementos de que sí hubo un uso de cajas de seguridad con montos que no han sido declarados ante la Contraloría General del Estado”.

La no declaración de recursos por parte de un funcionario público “e evidentemente ilegal”, puesto que “es un delito de corrupción pública si un servidor público no declara los fondos que tiene y el patrimonio y los ingresos que tiene”, manifestó al dejar en claro que “el ocultar, el mentir, el no declarar la verdad es un delito”.

Fuente: La Paz, 13 (ANF).-
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