MSM acusa al Gobierno de encubrir a actores de la represión en Chaparina
04 ago 2012
Fuente: LA PATRIA
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El Movimiento Sin Miedo (MSM) acusó al Gobierno de Evo Morales de encubrir a los actores que ordenaron la represión que sufrieron en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, ciudadanos del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis) durante la novena marcha que rechazaba la construcción de una carretera que pase por el corazón de dicha reserva natural.
Ayer en la mañana, el líder del MSM, Juan Del Granado junto a dirigentes departamentales de ese partido político, ofreció una conferencia de prensa en un local situado en la calle Adolfo Mier, frente a la Plaza 10 de Febrero, para denunciar que existe una línea de encubrimiento e impunidad que el Gobierno intenta desplegar sobre acciones delictivas que el pueblo boliviano repudió por la represión indígena en Chaparina, que ocurrió el 2011.
“Hemos conocido con indignación la decisión de los fiscales de excluir al señor Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno, de la responsabilidad principal que tiene de los hechos delictivos en Chaparina. Está claro que estamos ante un triple nivel de encubrimiento, de obstrucción y de acción gubernamental destinada a la impunidad”, explicó.
Argumentó que el encubrimiento está a nivel de los jueces y de los fiscales, Ponce y Santos que según Del Granado impiden la investigación, liberando de responsabilidad a las principales autoridades de Estado.
Indicó que el segundo nivel de encubrimiento está en los altos mandos policiales, porque uno de los principales sindicados de los hechos de Chaparina, es el Cnl. Víctor Maldonado, actual Comandante General de la Policía Boliviana, que durante la represión a los indígenas, fungía como jefe de Inteligencia de la entidad del verde olivo.
En el tercer nivel de encubrimiento, según el líder del MSM, está en el Palacio de Gobierno, ya que el vicepresidente, Álvaro García Linera, a las pocas semanas de la represión en Chaparina, confesó públicamente que él conocía el nombre de los responsables y de quiénes dieron la orden para dicha acción.
“Han pasado casi diez meses y esos nombres no se conocen y revela, por lo tanto, se trata de una responsabilidad de encubrimiento desde el propio Palacio expresado en la persona del señor Álvaro García Linera. Queremos señalar que el MSM que denunció esta acción delictiva el pasado 27 de septiembre, y continuará bajo la acción de denuncia e investigación”, afirmó.
Añadió que en las siguientes horas impugnarán la decisión de los fiscales y pondrán en consideración de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez todas pruebas de la Defensoría del Pueblo o recabadas de los medios de comunicación para que la resolución de los fiscales quede sin efecto.
“Y en su caso vamos a ir a la conversión de acciones, los querellantes, las víctimas, que ni siquiera han sido convocadas a declarar van a optar por la vía directa del enjuiciamiento ante los jueces de sentencia si es que los fiscales hasta ahora son parte de la impunidad o parte de obstrucción ante la justicia”, señaló.
CONSULTA
Sobre la consulta que se realiza en el Tipnis, Del Granado dijo que es una acción violatoria de la Constitución Política del Estado (CPE), a la sentencia 300 dictada por el Tribunal Constitucional el 18 de junio de 2012, con motivo de una acción de inconstitucionalidad planteada por el MSM.
“Esta Sentencia Constitucional obliga al Gobierno para que su consulta sea mínimamente legal y constitucional a concertar los términos de esa consulta, y el Gobierno no ha concertado esos términos. El Gobierno no solo ha escuchado a los indígenas, no solo ha rechazado el diálogo, sino a difamado, los ha vilipendiado y en La Paz con motivo de la novena marcha, los ha reprimido de manera brutal y está claro que al no cumplir la Sentencia 300 está alejando sus actos de la legalidad y por ello la consulta está viciada de inicio en su desarrollo”, explicó.
Fuente: LA PATRIA
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