Con los últimos acontecimientos que intranquilizaron al país, especialmente por la acción criminal de comunarios de Mallku Khota, los bolivianos estamos desprotegidos y sometidos a todo tipo de vejámenes por ausencia de seguridad que debe proporcionar el gobierno central como indica la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por el actual gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que está obligado a cumplir en todas las instancias, sin que existan discriminaciones porque se trata de cuidar la vida.
Conviene recordar a las autoridades, si acaso olvidaron sus obligaciones como integrantes del Poder Ejecutivo; por esto, me obligo a extractar algunos enunciados de las leyes, especialmente el Capítulo II- Derechos Fundamentales y Garantías, cuyo Art 14, parágrafo I señala: "Todo ser humano tiene derecho a la personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna".
El parágrafo IV señala: "En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que estas no prohíban". El Capítulo Segundo en su art, 15, parágrafo I explica: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, nadie será tratado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.
Nos preguntamos: ¿Qué hizo el Gobierno para evitar torturas y vejámenes a cinco personas que estaban en manos criminales de comunarios de Mallku Khota? Esperaron 10 días para encontrar una solución condicionada a que los rehenes elaboren, cada uno, 500 adobes para la comunidad para ser liberados.
El Viceministro del Interior, Jorge Pérez, que llegó" timorato a la zona de conflicto, cuando el representante del Defensor del Pueblo en Potosí logró el rescate de los detenidos, declaró mintiendo, que el comunario José Mamani murió al manipular dinamita, mientras que un médico, después de hacer un examen al difunto, dio su versión expresando que la muerte se produjo por disparo de arma de fuego; pero, reconoce que los cinco rehenes fueron torturados, sufrieron golpes, dolor físico y psicológico.
El ministro de Trabajo, David Santalla, exsindicalista fabril de ineficiente trayectoria, prendido a los pies de Evo Morales, minimiza el conflicto queriendo ocultar la ineficiencia del Gobierno, sugiriendo que sólo los familiares de los afectados están en su derecho de recurrir a instancias judiciales en contra de les torturadores, ignorando el contenido el Capítulo Segundo, parágrafo III de la Constitución que señala: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en el ambiente público como privado".
En Mallku Khota, convertido en un fortín, donde no se respeta a la autoridad y se comete arbitrariedad en contra de la dignidad humana, porque allí reina la ley del garrote. Lo que ocurrió en aquella zona, pude ocurrir en cualquier lugar del país, peor sería, atender la demanda de comunarios para revertir el contrato de exploración en la mina, por parte de una empresa canadiense, dando imagen negativa del país a posibles inversiones nacionales o extranjeras.
De esta forma el boliviano está sometido a la delincuencia de todo tipo, que rompe las leyes, porque nuestra Constitución es manejada por conveniencia del Poder Ejecutivo, al no observar con claridad aquel ordenamiento jurídico al cual todos debemos regirnos.
(*) Periodista
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