Lo primero que debo decir es que la corrupción es un tema delicado, que tiende a suscitar un esquema especial de reacciones. Primero pueden haber evasivas, luego excusas y por último, con suerte, un análisis útil.
Cuando decimos “evasivas”, casi siempre se observa la misma respuesta: “Nada se puede hacer respecto de la corrupción”, dice alguien lisa y llanamente. “La corrupción está en todas partes del mundo y existió siempre durante toda la historia. Está en América, está en el Japón, no sólo aquí. Y si la gente de arriba es corrupta, si todo el sistema es corrupto, como aquí, no hay esperanza”.
Y las “excusas”, como reacción, siempre han prevalecido entre los científicos sociales. “El soborno es una forma de regalo compatible con las costumbres o la moralidad locales”, dice un antropólogo. Alguien con cierta inclinación a la economía percibe una semejanza entre un soborno y un precio de mercado cuando este mercado no está permitido. Un científico político señala que en ambientes injustos los pagos ilícitos pueden ser el único medio de hacer que se conozcan nuestros deseos; de este modo, la corrupción podría ser una importante vía de participación política. Algunos científicos sociales aseveran que los sobornos no se pueden distinguir de las transacciones, ya que tratar de hacerlo es incorporar los supuestos normativos occidentales o propios. Un soborno, un honorario por un servicio, un regalo: analíticamente, se afirma, son la misma cosa. Por lo tanto - concuerdan todas estas opiniones - no deberíamos hablar demasiado de la corrupción, o si lo hacemos, no deberíamos condenarla. Existen muchas excusas para no abordar este problema.
La tercera alternativa que corresponde al análisis útil, es más alentadora, porque una vez mencionado el tema y tomado seriamente, las mismas personas que lo evadían y ofrecían excusas por el fenómeno, demuestran ser capaces de analizar situaciones concretas y elaborar soluciones útiles.
Antes, diremos que no existe una definición concreta sobre la corrupción, tal cual sostiene Max Weber, cuando señala que: “No se debería comenzar con una definición, sino que se debería deducirla observando ejemplos específicos que, sin embargo, nunca llegarían a ser una definición final, sino una cortada a la medida de los objetivos que tengan a mano”.
Pero es importante señalar que, la corrupción no se circunscribe solamente al hecho del soborno y la recepción de comisiones en toda transacción o actividad económica en la que se encuentra comprometido el Estado, sino que va más allá y es la decadencia moral de un país, la falta de dedicación al deber, la deshonestidad y todos esos vicios.
Los ejemplos en nuestro país abundan, e infelizmente no se traduce simplemente en lo que hubiera ocurrido en los gobiernos pasados, sino también en el actual gobierno que en sus mensajes, antes de la toma del poder, señalaba que combatirá a esta lacra, y esa campaña electoral abrumadoramente exitosa se basó en parte en promesas de luchar contra la corrupción, pero el error en que incurrió es que no diseñó una estrategia valedera para ello.
Precisamente este error se está pagando caro, y ahí tenemos actos considerados corruptos en parte del Ejecutivo, como son los casos repetidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Papelbol, en la justicia ordinaria, como también en la denominada justicia comunitaria, y ni qué decir en la propia Asamblea Legislativa o en el Órgano Electoral.
Ejemplos abundan, y precisamente cuando sostenemos que la corrupción no se la debe confundir simplemente con el cohecho y las comisiones, nos encontramos con conductas contrarias a la Constitución y las Leyes, originadas en los propios gobernantes o en los gobernados. Nos explicamos: los gobernantes tienen un deber constitucional de respeto a las normas constitucionales y las leyes, pero en varios de sus actos desconocen aquel deber y actúan en contra de dichas normas, y ahí tenemos el abuso de los cargos públicos, en forma individual o grupal, consiguientemente se reputa aquellas conductas como corruptas. Cuando decimos los gobernantes nos referimos a quienes son parte de los cuatro órganos del Estado.
El Poder Ejecutivo que dicta normas que contrarían a la Constitución y las leyes, al extremo de que su personero legal que es el Presidente del Estado señala que en la toma de decisiones ilegales, estas deben ser resueltas por sus abogados que para eso estudiaron (?). En cuanto al Órgano Legislativo, emite leyes sin la sintaxis correspondiente, de modo que llega a confundir a propios y extraños, porque en varias de ellas existen confusiones y aún son contrarias también a la propia Constitución.
En el Órgano Judicial, encontramos fallos contradictorios en varios de ellos, pese a tener similitud en los casos, y se entiende que son emergentes de la presión política y el abuso de los cargos Públicos desde arriba, o en la impreparación en el Derecho Procesal. “Si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia en un Estado, conoceremos también exactamente su nivel moral”.
En cuanto al Órgano Electoral, las actividades de aquel cuerpo nos demuestran su apego al sistema vigente, obviamente porque fueron “seleccionados” a priori y por ello diremos que sus actuaciones no son confiables.
La conducta ilícita florece cuando los agentes tienen poder monopólico sobre los clientes, grandes facultades discrecionales, y débil responsabilidad ante el mandante.
(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada)
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