Han transcurrido más de dos meses desde que un parlamentario se asiló en la legación diplomática del Brasil en nuestro país, aduciendo que era perseguido político y denunciando que su vida y la de sus familiares corrían peligro, dadas ciertas condiciones que se presentaron en el tratamiento de varios procesos en contra del legislador.
Desde que se produjo el asilo en la Embajada de Brasil, la diplomacia de ese país corrió con ciertos trámites de orden regular en estos casos y decidió con la venia de Itamaraty, conceder el asilo diplomático al peticionario boliviano, aunque exigiendo al Gobierno boliviano la extensión de un salvoconducto de rigor autorizando la salida del país con rumbo al Brasil del asilado boliviano.
Parecía que cumpliéndose con los requisitos regulares en este orden de trámites diplomáticos las cosas no se complicarían y un ciudadano más, aunque con rango de senador, se acogería como centenares de bolivianos en los límites jurisdiccionales del país vecino y cuyo gobierno es muy amigo del nuestro.
La reacción inmediata del Gobierno nacional fue de criticar la determinación del Brasil, señalando que no se justificaba la concesión de asilo diplomático a un político (opositor) que tenía “cargos con la justicia” y que debía someterse a la misma en función a la tarea del Ministerio Público.
Para el común de observadores, políticos y analistas, la suerte de procesos en contra del parlamentario opositor es parte de una acción que ya se utilizó en otras situaciones precisamente con políticos opositores que no alcanzaron a buscar el asilo diplomático y algunos están encarcelados y otros salieron de manera furtiva del país, por tanto lo del senador ahora alojado hace dos meses en la embajada de Brasil es un asunto que tiene ahora otras connotaciones.
Por ejemplo, según la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, se sabe que el Brasil no retirará su decisión de conceder asilo al senador boliviano y al mismo tiempo ratificó que el Gobierno Boliviano no dará el salvoconducto a una persona procesada por delitos políticos, dejando una posición muy clara en la que se manifiesta que “el Gobierno (de Bolivia) deja en manos del asilado la solución del caso”.
No es todo pues en pasadas horas el fiscal general del Estado advirtió con procesar a cualquier funcionario que otorgue un salvoconducto al senador de la oposición, asilado en la legación de Brasil en La Paz. El fiscal argumentó que brindar autorización de salida al político significaría “incurrir en delito de incumplimiento de deberes, por no coadyuvar en la lucha contra la corrupción”.
Por lo visto la situación se complica y llega a extremos entre dos posiciones muy particulares y hasta radicales, la que sostiene la diplomacia del Brasil y que no variará al sujetarse a normas de asilo que rigen a nivel internacional contra la decisión del Gobierno nacional, que no concederá salvoconducto a quien consideran un perseguido de la justicia y no político.
Para el involucrado en este asunto de alta diplomacia la situación debe ser realmente compleja, pues por lo que se dice en el nivel oficial “está en sus manos la solución del problema”, pero bajo las actuales circunstancias, con las posiciones tan marcadas, como en el juego de chicos la pregunta es “entonces quién la tiene”.
Fuente: LA PATRIA
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